Una coalición formada por más de 70 familias ha presentado una acción legal contundente ante un tribunal federal de Estados Unidos, acusando a la plataforma de facilitar flujos de capital ilícitos. Esta nueva demanda contra Binance por terrorismo alega que el intercambio permitió conscientemente transacciones para grupos como Hamas y Hezbollah. Según el texto de la denuncia oficial, la empresa «ayudó a sabiendas, intencional y sistemáticamente» a transferir cientos de millones de dólares que contribuyeron materialmente a los ataques del 7 de octubre.
Los demandantes, en su mayoría familiares de las víctimas muertas o heridas durante los ataques en Israel, sostienen que la plataforma no fue simplemente utilizada por actores maliciosos de forma pasiva. Argumentan que la estructura operativa de Binance habilitó el financiamiento del terrorismo a gran escala durante años. La queja detalla que estas acciones permitieron ocultar fondos vitales para el soporte logístico de actividades violentas, transformando fallas de cumplimiento en una responsabilidad civil directa por daños en el mundo real.
Este litigio surge en un momento políticamente complejo para la empresa, apenas unas semanas después de que el presidente Donald Trump concediera un indulto al fundador Changpeng Zhao (CZ). Aunque dicho indulto limpió el historial penal de CZ tras un acuerdo multimillonario, no ofrece protección contra litigios civiles. Por ende, la batalla legal actual amenaza con abrir un nuevo frente de responsabilidad financiera que podría superar en gravedad a las multas regulatorias impuestas anteriormente.
El Peso de los Antecedentes Penales en el Litigio Civil
La estrategia legal de las familias se apoya firmemente en los hechos admitidos por la propia empresa durante su acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses. En aquel momento, Binance aceptó haber violado la Ley de Secreto Bancario y pagó una multa de $4.3 mil millones. Dado que las compañías ya han reconocido estas fallas sistémicas, la carga de la prueba para los demandantes es significativamente menor. No se basan en acusaciones vagas, sino en admisiones previas de culpabilidad.
A diferencia de las acciones regulatorias que suelen concluir con el pago de una multa y el cierre del caso, las demandas civiles por terrorismo presentan un riesgo financiero continuo y expansivo. Las leyes antiterroristas de Estados Unidos permiten a las víctimas buscar daños y perjuicios contra entidades que proporcionaron apoyo material, incluso de manera indirecta. Por lo tanto, un fallo a favor de las familias podría establecer un precedente donde los litigios privados se conviertan en el mayor riesgo financiero para el sector.
Si este caso supera las etapas iniciales de desestimación y avanza hacia el descubrimiento de pruebas, podría redefinir la responsabilidad corporativa en la industria criptográfica. Ya no bastaría con pagar sanciones a los reguladores; las plataformas enfrentarían pasivos a largo plazo («long-tail liabilities»). Esto obligaría a una revisión exhaustiva de cómo los intercambios centralizados monitorean, marcan y congelan actividades de alto riesgo, bajo la amenaza constante de demandas masivas por parte de víctimas de violencia financiada con activos digitales.
¿Podrían las Demandas Privadas Ser la Nueva Amenaza para Cripto?
La demanda identifica específicamente billeteras, intermediarios de lavado y flujos de transacciones vinculados a grupos designados como terroristas por Estados Unidos. Al utilizar el mismo marco probatorio que los fiscales federales, los demandantes buscan demostrar que CZ y su gestión contribuyeron sistémicamente a la violencia. Sin embargo, la defensa de la empresa deberá enfrentar una narrativa que conecta decisiones corporativas pasadas con tragedias humanas tangibles y devastadoras.
Para finalizar, este caso marca un posible punto de inflexión donde la aplicación de la ley pasa de los reguladores estatales a los litigantes privados. Mientras el mercado observaba el indulto presidencial como un alivio, esta demanda demuestra que la responsabilidad legal persiste. Se espera que el resultado de este conflicto determine si las plataformas cripto serán, en el futuro, objetivos habituales de demandas civiles de alto riesgo bajo estatutos antiterroristas globales.
