Este viernes, el crackdown cripto en China se ha intensificado mediante una notificación conjunta emitida por ocho agencias nacionales, incluyendo el Banco Popular de China. Las nuevas directrices no solo reafirman la prohibición de 2021 sobre el comercio de activos digitales, sino que expanden el veto a las stablecoins y la tokenización.
De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades buscan frenar la especulación financiera que, según su visión, amenaza la estabilidad del yuan y el control monetario. No obstante, esta actualización regulatoria recalca que cualquier actividad transfronteriza con criptoactivos es ilegal, afectando directamente a entidades extranjeras que operan dentro del territorio chino.
El cerco regulatorio sobre las monedas estables y el yuan digital
El reciente anuncio pone un énfasis especial en las stablecoins, argumentando que estas monedas replican funciones soberanas y facilitan el lavado de dinero. Por ende, ninguna entidad podrá emitir activos vinculados al renminbi en el extranjero sin previa autorización gubernamental, imponiendo un control estricto sobre la soberanía financiera.
Asimismo, el crackdown cripto en China ahora abarca la tokenización de activos del mundo real, una tendencia creciente en los mercados globales de capitales. Al respecto, el gobierno exige que cualquier firma que desee digitalizar acciones o bienes raíces deba cumplir con estándares de cumplimiento extremadamente rigurosos, limitando las excepciones operativas.
¿Qué impacto tendrá esta medida en el mercado global de activos?
La decisión de Beijing representa un hito importante, ya que cierra las brechas que permitían a empresas locales tokenizar activos en jurisdicciones internacionales. De este modo, el regulador busca prevenir la fuga de capitales, pues la tokenización podría utilizarse para evadir los controles cambiarios que rigen la economía nacional.
Por otra parte, la reiteración del veto a activos como Bitcoin y Tether confirma que China no planea flexibilizar su política en el corto plazo. Además, el escrutinio sobre las sucursales en el extranjero de firmas chinas sugiere que la vigilancia estatal traspasará las fronteras físicas para monitorear cada movimiento financiero digital.
En última instancia, el endurecimiento de estas reglas subraya la determinación del país por priorizar su moneda digital soberana frente a alternativas privadas. Sin embargo, la efectividad de estas prohibiciones dependerá de la capacidad técnica de los organismos de seguridad para rastrear operaciones en infraestructuras distribuidas globales, las cuales suelen operar fuera del alcance gubernamental.
A medida que el ecosistema evoluciona, el mercado deberá adaptarse a una China que ve en la descentralización un riesgo sistémico inaceptable para su modelo económico. Por lo cual, los inversores institucionales podrían empezar a desviar sus flujos hacia centros financieros más permisivos, reconfigurando el mapa de la innovación tecnológica en el sector financiero.
