La Agencia de Servicios Financieros (FSA) ha presentado un informe decisivo elaborado por el Grupo de Trabajo del Consejo del Sistema Financiero. Este documento oficial propone trasladar la regulación de criptomonedas en Japón desde la actual normativa de pagos hacia un marco de inversión más robusto. El cambio responde a la necesidad urgente de proteger a los usuarios, dado que estos activos se utilizan cada vez más con fines especulativos.
El plan estratégico describe un cambio fundamental en la base legal, abandonando la Ley de Servicios de Pago (PSA) para adoptar la Ley de Instrumentos Financieros y Cambio (FIEA). Esta legislación, que tradicionalmente supervisa la emisión y el comercio de valores, ahora abarcará el sector cripto. Por consiguiente, las autoridades reconocen que las transacciones de activos digitales comparten características estructurales con los productos financieros tradicionales, exigiendo una supervisión equivalente.
Uno de los pilares de esta reforma es el fortalecimiento de la divulgación de datos para las Ofertas Iniciales de Intercambio (IEOs). Dado que estas operaciones implican la venta de nuevos activos o tokens existentes, se requerirá información detallada y oportuna para los compradores. Las bolsas deberán proporcionar datos exhaustivos previos a la venta sobre los emisores, garantizando que los inversores comprendan plenamente los riesgos asociados antes de participar.
¿Cómo impactarán estas exigencias a la innovación en proyectos descentralizados?
Además de las bolsas, los emisores de tokens enfrentarán nuevas responsabilidades de transparencia bajo el esquema propuesto por el regulador financiero. La normativa exigirá revelar las identidades de los creadores y los métodos de distribución, incluso si el proyecto se autodenomina completamente descentralizado. Asimismo, se ordenarán auditorías de código obligatorias realizadas por expertos externos, lo que elevará significativamente la barrera de entrada técnica para nuevos lanzamientos en el país.
Por otra parte, el marco legal otorgará a los reguladores herramientas más eficaces para combatir plataformas no registradas que operan desde el extranjero. Estas medidas incluyen prohibiciones explícitas sobre el uso de información privilegiada, alineándose con normas internacionales como el reglamento MiCA europeo. De este modo, Japón busca cerrar el cerco sobre operadores que intentan eludir la supervisión local mediante estructuras descentralizadas o transfronterizas.
¿Podrá el mercado japonés mantener su competitividad con impuestos elevados?
Paralelamente a este endurecimiento regulatorio, el gobierno debate medidas fiscales que podrían revitalizar la economía digital y atraer capital. Se está considerando una propuesta para reducir la tasa impositiva máxima sobre las ganancias cripto, estableciendo un impuesto plano del 20% para todos. Esta iniciativa podría compensar la rigurosidad de las nuevas normas de cumplimiento, ofreciendo un incentivo financiero claro para que los inversores operen dentro de la ley.
No obstante, la FSA mantiene una postura prudente frente a la integración de productos financieros derivados más complejos en el mercado. Recientemente, el organismo señaló que los fondos cotizados (ETF) de criptoactivos extranjeros no son deseables debido a su alta volatilidad inherente. En definitiva, Japón avanza hacia un ecosistema más seguro y maduro, donde la protección del inversor y la claridad legal prevalecen sobre la especulación desmedida.
