La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) aceptó pagar $188,440 en honorarios legales y abandona los esfuerzos por retener las llamadas “cartas de pausa” cripto, poniendo fin a una demanda bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) que obligó a la divulgación de documentos sobre las comunicaciones entre bancos y reguladores.
La demanda fue presentada en junio de 2024 por History Associates Incorporated en nombre de Coinbase, con el objetivo de impugnar la negativa generalizada de la FDIC a divulgar documentos de supervisión bancaria bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA). El reclamo apuntó a que la agencia había aplicado exenciones amplias de forma automática, sin analizar los documentos de manera individual.
El caso avanzó hasta que, alrededor de noviembre de 2025, un tribunal federal determinó que la FDIC había violado la FOIA. Según el fallo, la agencia invocó exenciones categóricas de forma indebida y no realizó la revisión documento por documento que exige la ley. Además, el tribunal criticó los escritos presentados por la FDIC, señalando la falta de un esfuerzo de buena fe para justificar las retenciones.
Como resultado del litigio, la FDIC aceptó un acuerdo que incluyó el pago de 188.440 dólares en honorarios legales a Coinbase. Asimismo, se comprometió a revisar y modificar sus procedimientos FOIA, incorporando nuevos lineamientos de capacitación que instruyen al personal a interpretar las solicitudes de manera más amplia y a poner fin a cualquier política general de retención de documentos de supervisión bajo la Exención 8.
Qué muestran los documentos y la reacción de la industria
Los documentos incluyen las denominadas “cartas de pausa”, las cuales son comunicaciones en las que presuntamente se instruía a bancos a frenar o limitar actividades relacionadas con criptoactivos. Estos materiales alimentaron la narrativa en donde había una supuesta presión coordinada de reguladores bancarios para restringir el acceso del sector cripto al sistema financiero tradicional.
Paul Grewal, director legal de Coinbase, afirmó que años de litigio valieron la pena, al sostener que los documentos revelan decenas de cartas que evidenciarían una presión regulatoria coordinada. En la misma línea, Joe Ciccolo, fundador de BitAML, cuestionó el enfoque previo de la FDIC, calificándolo como guiado por consideraciones políticas y reputacionales más que por un marco de supervisión transparente y basado en riesgos.
Para bancos, tesorerías corporativas y participantes del mercado, el acuerdo reduce una fuente relevante de incertidumbre regulatoria. El compromiso de la FDIC de revisar sus prácticas FOIA y tratar las solicitudes por sus méritos mejora la visibilidad pública sobre las comunicaciones de supervisión y podría facilitar que las entidades evalúen riesgos de cumplimiento y reputacionales al considerar vínculos con el sector cripto
