Nueva York ha promulgado un paquete de leyes sobre transparencia y seguridad en IA que incluye la obligación de revelar intérpretes generados por IA en la publicidad, lo que configura un conflicto jurídico directo con una orden ejecutiva federal emitida en diciembre de 2025. L
El 11 de diciembre de 2025 la gobernadora Kathy Hochul firmó el Senate Bill S2414, que exige una divulgación explícita cuando anuncios o películas usan intérpretes generados por IA o medios sintéticos. El estado también puso en vigor el Algorithmic Pricing Disclosure Act en noviembre de 2025, obligando a las empresas a revelar mecanismos de fijación de precios automatizados. En junio de 2025 la Responsible AI Safety & Education (RAISE) Act (S6953) estableció requisitos para auditorías independientes de sistemas de IA de alto riesgo.
El enfoque de New York combina la divulgación con herramientas de aplicación tomadas de la práctica establecida de protección al consumidor. Aunque un calendario explícito de sanciones sigue en refinamiento, se espera que el incumplimiento desencadene multas civiles que probablemente oscilarán entre decenas de miles y cientos de miles de dólares por infracción. The New York State Attorney General puede solicitar órdenes de cese y desistimiento, publicidad correctiva o medidas cautelares, y las leyes crean derechos de acción privados para individuos que aleguen uso indebido de la semejanza o daños algorítmicos.
Nueva York exige divulgaciones sobre publicidad con inteligencia artificial: alcance y aplicación
El gobierno federal emitió una serie de órdenes ejecutivas a lo largo de 2025 que culminaron en una directiva decisiva el 11–12 de diciembre de 2025 diseñada para establecer un marco nacional de IA y para preemptar leyes estatales. La administración rescindió la anterior orden ejecutiva federal sobre IA de 2023 a principios de 2025 y avanzó una mezcla de políticas que favorece la desregulación y la gobernanza centralizada. Esa agenda incluye una “Genesis Mission” para acelerar la I+D en IA, una postura de desregulación “10‑to‑1”, y directivas encaminadas a asegurar que los sistemas federales eviten un sesgo ideológico percibido.
La orden de diciembre de 2025 afirma la preeminencia federal bajo la doctrina de preempción y faculta a funcionarios federales, incluido el Attorney General, para impugnar estatutos estatales en conflicto y para usar palancas de financiación federal. La justificación federal enfatiza la uniformidad para reducir la fragmentación del cumplimiento y para preservar la competitividad de EE. UU. en el desarrollo de IA.
El choque articula dos racionales regulatorios en competencia. New York presenta sus reglas como protección al consumidor frente a semejanzas sintéticas engañosas y decisiones automatizadas opacas. El argumento federal destaca la previsibilidad regulatoria y la carga de cumplimiento que un mosaico estatal impondría a desarrolladores y proveedores.
Para los equipos de producto y cumplimiento, las consecuencias inmediatas son prácticas: rehacer el etiquetado de productos y los flujos de trabajo de publicidad, ampliar las capacidades de auditoría y documentación para algoritmos de precios, y presupuestar para posibles multas y litigios. Los equipos legales deberán prepararse para impugnaciones por preempción en tribunales federales mientras vigilan acciones de cumplimiento por parte del New York State Attorney General.
