El gobierno del Reino Unido abandonó los planes de hacer obligatoria su identificación digital nacional para las verificaciones de derecho a trabajar, una reversión confirmada tras una sostenida reacción contra la privacidad y una petición parlamentaria que reunió casi tres millones de firmas.
El Primer Ministro Keir Starmer había anunciado el esquema obligatorio en septiembre de 2025 como una medida para frenar el empleo ilegal y agilizar el acceso a servicios. Su declaración inicial — «No podrá trabajar en el Reino Unido si no tiene identificación digital. Es tan simple como eso» — ayudó a cristalizar la oposición, y grupos de libertades civiles, empresas tecnológicas y algunos diputados laboristas se movilizaron rápidamente.
Defensores de los derechos civiles, incluyendo Big Brother Watch, advirtieron sobre el riesgo de vigilancia concentrada y un objetivo único atractivo para hackers. Actores de la industria argumentaron que la política amenazaba con desplazar las soluciones de identidad digital del sector privado y frenar la innovación.
Políticos de la oposición amplificaron esas preocupaciones, y el volumen de protesta pública hizo políticamente insostenible el diseño obligatorio.
Qué cambia y qué significa para las verificaciones
El gobierno mantendrá las verificaciones digitales de derecho a trabajar como obligatorias pero ofrecerá la identificación digital estatal como una ruta opcional cuando se implemente el esquema. Funcionarios indicaron que se espera introducir la identificación digital nacional alrededor de 2029; esa introducción y una consulta pública la seguirán, por lo que ambas son decisiones de etapa futura.
Los proveedores de identidad digital celebraron el giro, diciendo que la opcionalidad preserva la elección de mercado y evita crear una única vía de verificación controlada por el gobierno. No obstante, el gobierno reiteró su intención de desarrollar un marco de identificación digital voluntario para el acceso a servicios públicos, citando objetivos de reducir el robo de identidad y mejorar la eficiencia operativa.
Inversores, equipos de producto y oficiales de cumplimiento ahora se centrarán en la próxima consulta pública y la implementación planificada para 2029, que probará si la adopción voluntaria puede generar ganancias de eficiencia sin repetir las preocupaciones de privacidad y concentración de mercado que motivaron este giro de política.
Reguladores y empleadores deberán prepararse para verificaciones obligatorias de derecho a trabajar administradas a través de múltiples canales de verificación en lugar de una única aplicación obligatoria.
