Puntos clave de la noticia:
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El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, demandó a Coinbase por promover y vender criptomonedas no registradas.
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La demanda señala que Coinbase favoreció prácticas como los esquemas de «pump-and-dump«, afectando a los consumidores con inversiones riesgosas y sin la protección adecuada.
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Rayfield critica el retiro de la SEC de su demanda contra Coinbase, y destaca la necesidad de que los gobiernos estatales asuman un rol más activo en la regulación de la industria cripto.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, ha presentado una demanda contra Coinbase, uno de los exchanges de criptomonedas más importantes en Estados Unidos.
La demanda sostiene que la plataforma ha promovido y facilitado la venta de criptomonedas no registradas, vulnerando la legislación de valores del estado de Oregón. Según el fiscal, Coinbase ha ayudado a la comercialización de activos digitales de alto riesgo sin ofrecer la protección adecuada a los inversores. Esta situación ha generado pérdidas para los consumidores del estado, que han sido afectados por inversiones riesgosas en un mercado difícil de comprender y lleno de incertidumbres.
Rayfield destaca que Coinbase, al vender criptomonedas no registradas, ha favorecido prácticas como los esquemas de «pump-and-dump» y otras formas de fraude. Estos mecanismos han permitido que algunos actores obtengan grandes ganancias mientras los inversionistas pierden dinero.
Coinbase se Libró de la SEC y Consiguió un Nuevo Hostigador
Un ejemplo señalado en la demanda es el caso de ICP (Internet Computer Protocol), una criptomoneda que, tras su lanzamiento en la plataforma de Coinbase, vio una caída dramática en su valor. Este desplome abrupto provocó la pérdida de miles de millones de dólares para una parte de los inversores.
El fiscal general de Oregón ha indicado que la responsabilidad de supervisar estos activos debe recaer en los gobiernos estatales, debido al retiro de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de una demanda similar contra Coinbase. Según Rayfield, los reguladores federales, bajo la administración de Donald Trump, han abandonado investigaciones cruciales sobre la industria cripto, lo que deja un vacío en la aplicación de la ley. A raíz de esto, considera esencial que los estados asuman un papel más activo para proteger a los inversionistas locales.
La demanda pone en entredicho el cambio que se venía gestando en Estados Unidos en cuanto a la regulación de la industria cripto. Habrá que esperar para ver como evolucionan los acontecimientos y cual es el desenlace y efecto sobre la industria.
