Puntos clave de la Noticia
- El Senado de Arizona aprobó el proyecto HB 2324, reactivando el plan para crear un Fondo Estatal de Reserva de Bitcoin y Activos Digitales que administre criptomonedas confiscadas.
- El fondo permitirá al tesorero estatal retener, vender o invertir estos activos.
- La ley modifica las reglas de decomiso para incluir criptomonedas, mostrando un enfoque más estructurado y favorable hacia la gestión pública de activos digitales.
Arizona avanza en su intento por integrar las criptomonedas en su estructura financiera estatal. Tras una ajustada votación de 16 a 14 en el Senado, el proyecto de ley HB 2324—originalmente rechazado—fue revivido y ahora regresa a la Cámara para su aprobación final. La propuesta establece la creación de un Fondo de Reserva de Bitcoin y Activos Digitales, bajo supervisión del tesorero estatal, para gestionar activos digitales incautados en investigaciones criminales.
Supervisión Estatal Trae Orden a Activos Cripto Confiscados
La ley autoriza al estado a conservar, vender o invertir las criptomonedas incautadas, según las condiciones del mercado y la seguridad. También permite canalizar estos activos hacia fondos cotizados (ETFs) regulados, lo que podría generar ingresos para el tesoro estatal. Este enfoque controlado refleja una nueva visión donde los activos digitales se tratan como instrumentos financieros legítimos.
El texto incluye lineamientos precisos sobre la custodia, como el uso de wallets aprobadas por el estado y custodios con licencia. Estas medidas buscan adaptarse a protocolos propios de la blockchain y ofrecer mayor protección legal y técnica ante posibles fraudes o negligencias.
Reglas de Decomiso y Reparto de Fondos Especificadas
La ley actualiza los estatutos de decomiso de Arizona para abarcar criptomonedas. Si una persona vinculada al activo ha fallecido, fue deportada, huyó o no se puede confirmar legalmente su propiedad, el estado podrá apropiarse del bien tras realizar esfuerzos para identificar al dueño. Los primeros $300,000 irán a la oficina del Fiscal General. Luego, el excedente se repartirá: 50% al Fiscal, y 25% tanto al fondo general como al nuevo fondo de reserva.
Esto va en línea con otras iniciativas estatales: la gobernadora Katie Hobbs firmó en mayo la ley HB 2749, que creó un fondo aparte para activos no reclamados obtenidos por staking o airdrops. Aunque ha vetado propuestas más agresivas, como permitir inversiones directas del tesoro estatal en Bitcoin, sus decisiones apuntan a una apertura responsable cuando no se arriesgan fondos públicos.
El desarrollo constante de la legislación cripto en Arizona muestra una aceptación creciente de estos activos en la gestión financiera estatal, y podría servir de ejemplo para otros estados en esta etapa de evolución regulatoria.
