Michigan ha llevado a segunda lectura el proyecto de ley HB 4087, que podría poner al estado en el camino de crear una reserva de criptomonedas. La propuesta permitiría al tesorero destinar hasta el 10% de los fondos generales y del fondo de estabilización a activos digitales. Impulsada por representantes republicanos, fue remitida al Committee on Government Operations debido a sus implicaciones de custodia, riesgo, gobernanza y cumplimiento.
Contenido y medidas del proyecto
El proyecto autoriza tres formas de tenencia: una custodia segura bajo control gubernamental, un custodio calificado como un banco o un trust, o productos cotizados gestionados por sociedades de inversión registradas. Exige medidas técnicas de seguridad robustas, incluyendo control exclusivo de claves privadas por parte del gobierno, cifrado de extremo a extremo, prohibición de acceso desde smartphones, centros de datos geográficamente diversificados, autorizaciones multiparte para transacciones y auditorías regulares.
HB 4087 también permite préstamos limitados de activos digitales siempre que no incrementen el riesgo financiero, y establece que los impuestos o tasas cobrados en criptomonedas deben convertirse a dólares para efectos presupuestarios. Tras siete meses de inactividad, la propuesta se suma a marcos estatales ya aprobados en New Hampshire, Arizona y Texas, aunque solo Texas ha materializado asignaciones de fondos. La adopción estatal plena podría impulsar hasta 23.000 millones de dólares en compras de Bitcoin.
Implicaciones y debate
El avance de HB 4087 abre decisiones concretas para producto y compliance, como la selección de custodios, la definición de requisitos técnicos de seguridad, límites de exposición y reglas claras para la conversión de ingresos fiscales. Entre los puntos de tensión, la definición amplia de “moneda digital” podría permitir exposición a tokens de menor capitalización, aumentando el debate sobre activos elegibles y volatilidad.
A la vez, los controles técnicos estrictos incrementan los costes operativos pero reducen el riesgo de pérdida o acceso no autorizado, alineando la gestión con estándares de seguridad institucional. Si más estados adoptan marcos similares, la demanda institucional podría aumentar. Sin embargo, la obligación de convertir ingresos en cripto a USD introduce cargas adicionales de fiscalidad y reporting, requiriendo procesos contables y de control más robustos.
“No hay un número de capitalización de mercado en la legislación que impida que el estado compre criptomonedas distintas de Bitcoin”,
advirtió el Michigan Bitcoin Trade Council, alertando sobre la compra de activos centralizados y de mayor riesgo. Por custodia calificada se entiende una entidad autorizada, como un banco o trust, que mantiene y protege activos digitales en nombre del titular.
El próximo hito será el examen y votación en el Committee on Government Operations, que determinará si HB 4087 llega al pleno y define la hoja de ruta para cualquier asignación estatal en activos digitales.
