La SEC dio un paso preliminar mediante una carta de no-acción que permite a los asesores registrados y a los fondos a utilizar trust companies estatales como custodios de criptoactivos. La medida amplía las opciones de custodia institucional y repercute en gestores, custodios estatales y responsables de compliance. El cambio busca reducir incertidumbres regulatorias y facilitar la participación institucional en activos digitales.
La División de Gestión de Inversiones de la SEC indicó que las state chartered trust companies cumplen los requisitos de custodia del Investment Advisers Act y del Investment Company Act, lo que ofrece una vía alternativa a los bancos federales. Esta orientación se enmarca como un alivio operativo para el sector, manteniendo los estándares de protección al inversor.
¿Cuál es el alcance de esta medida de la SEC?
La agencia impone condiciones de due diligence y control: verificación de la autorización del trust por la autoridad bancaria estatal, revisión de estados financieros auditados y evaluación de controles internos por auditores independientes. También exige políticas de protección de claves privadas, segregación de activos de clientes y prohíbe la rehypothecation sin consentimiento explícito. Rehypothecation es la práctica por la que un custodio usa activos del cliente como colateral para sus propias obligaciones.
Las opiniones internas en la SEC se dividieron. La comisionada Hester Peirce afirmó que la medida reduce la incertidumbre, mientras que la comisionada Caroline Crenshaw expresó disenso y advirtió que un tratamiento distinto a los instrumentos tradicionales podría crear un doble estándar y aumentar los riesgos. El liderazgo de la SEC, incluido el presidente Paul Atkins, presenta la medida como parte del “Project Crypto” para modernizar la regulación y permitir el acceso institucional sin eliminar las protecciones.
La apertura a trusts estatales puede catalizar la adopción institucional, a la vez que demanda ajustes operativos y de cumplimiento para reforzar licencias, auditorías y controles sobre la gestión de claves. También reaviva el debate regulatorio sobre homogeneidad supervisora y riesgo sistémico y condiciona el diseño de productos como ETFs y fondos por la exigencia de explicar en lenguaje claro las soluciones de custodia.
La guía ofrece alivio temporal con condiciones mientras el calendario regulatorio sitúa decisiones más amplias sobre ETFs y marcos genéricos para el verano de 2025. Gestores y equipos de compliance deben adaptar los procedimientos de custodia a la carta de no-acción y seguir la evolución normativa que podría formalizar estas reglas.
