Gobiernos de varios países estudian la creación de reservas en criptomonedas por un monto total cercano a 75.000 millones de dólares. El plan modificaría la composición de las tesorerías nacionales, impactaría a inversores institucionales y a los mercados de criptodivisas, y abre interrogantes sobre custodia, volatilidad y regulación.
Una “reserva estratégica de Bitcoin” es una tesorería estatal que guarda BTC como activo de reserva a largo plazo para diversificar el patrimonio nacional. Este enfoque traslada parte del valor de las reservas hacia criptoactivos con el objetivo de reforzar estabilidad y opciones de cobertura.
Estados Unidos habría creado un Strategic Bitcoin Reserve (SBR) y un Digital Asset Stockpile; entre ambos acumularían de 198.000 a 207.189 BTC, valorados en más de 17.000 millones de dólares, lo que lo convertiría en el mayor tenedor estatal conocido.
China, Reino Unido, Ucrania, Bután y El Salvador también poseerían cantidades significativas, con saldos que en parte provienen de activos incautados en procesos penales o civiles, convirtiendo esos fondos en una vía no dilutiva para alimentar reservas digitales.
Bután habría obtenido 750 millones de dólares mediante minería de Bitcoin, una cifra que representó cerca del 26,9% de su PIB en 2023. Estos hechos reflejan un giro estratégico —no meramente especulativo— hacia la inclusión de criptoactivos en el balance público.
La orden ejecutiva que creó el Strategic Bitcoin Reserve se firmó el 6 de marzo de 2025.
Consecuencias, riesgos y próximos pasos
La adopción gubernamental puede acelerar la legitimidad institucional y la demanda del mercado criptográfico. Al incorporarse a los balances públicos, las criptomonedas ganan visibilidad y validación entre inversores profesionales y gestores de grandes carteras.
La compra sostenida por Estados altera la dinámica de oferta y demanda y puede modificar la volatilidad. Una acumulación prolongada tiende a restringir la disponibilidad circulante y a reconfigurar la formación de precios.
El uso de activos incautados es una fuente de financiación sin dilución, pero exige soluciones de custodia y políticas de gestión claras. La administración de claves, la segregación de activos y la auditoría transparente se vuelven requisitos operativos esenciales.
La participación estatal intensifica el debate sobre marcos regulatorios, transparencia y defensa frente a ciberamenazas. La definición de estándares legales y de seguridad será determinante para la sostenibilidad de estas reservas.
El siguiente punto de observación será el avance de las acumulaciones públicas hacia los 75.000 millones de dólares y las normas de custodia que los gobiernos implementen para administrarlas.
En síntesis, se anticipa una transformación profunda del paisaje financiero global: si las reservas estatales en criptoactivos se consolidan, redefinirán la gestión de tesorerías nacionales y el funcionamiento del mercado, con implicaciones directas en gobernanza, regulación y seguridad operativa.
