El Banco de Rusia anunció que promoverá la tokenización de acciones locales para que inversores del exterior puedan adquirir títulos rusos. La iniciativa busca mayor liquidez y operaciones más sencillas, pero se enfrenta a sanciones y a prácticas de exclusión que ya han afectado a tenedores extranjeros. El tema interesa a fondos internacionales, emisores rusos y a plataformas de activos digitales que gestionen estas operaciones.
El Banco de Rusia presenta la tokenización como el proceso de convertir derechos reales en activos digitales con el objetivo de “expandir su potencial, aumentar su liquidez y hacerlos más accesibles”. De forma técnica, tokenizar es representar un derecho económico o un activo real mediante un token en una cadena de bloques o registro distribuido.
La entidad ha diseñado un marco experimental de tres años durante el cual solo inversores calificados podrán negociar activos digitales, lo que anticipa un avance gradual y restringido por tipo de inversor. Esta aproximación acota el tamaño del mercado inicial y condiciona el ritmo de adopción a la evolución regulatoria.
Atraer capital extranjero se complica por obstáculos políticos y legales. El Departamento del Tesoro de EE. UU. mantiene las restricciones de febrero de 2022 que bloquean al Banco de Rusia el uso de activos en el exterior, y la legislación rusa permite mecanismos para excluir o recomprar participaciones antes en manos de inversores foráneos.
En abril de 2024, MTS ofreció recomprar acciones a extranjeros con un descuento del 69%, mientras que Magnit ejecutó operaciones similares con descuentos cercanos al 50%, y algunos tenedores llegaron a perder hasta el 65%.
Las claves para el Banco de Rusia y la tokenización
La adopción será limitada en el corto plazo porque la restricción a inversores “calificados” impone barreras de entrada y descarta un mercado masivo inmediato. Esta segmentación reduce el universo potencial de participantes y condiciona la profundidad del libro de órdenes de los nuevos instrumentos tokenizados.
Existe riesgo de liquidez fragmentada: si bien los tokens prometen mayor liquidez en teoría, las sanciones y las recompras forzadas disminuyen la utilidad para inversores extranjeros. La desconexión entre los mercados locales y las plataformas que gestionen estos activos digitales puede traducirse en diferenciales de precios y en costos de salida elevados.
Hay un riesgo de derechos y de equivalencia legal, ya que los tokens podrían no gozar de las mismas garantías que las acciones tradicionales si el marco permite exclusiones o recompras con fuertes descuentos. La arquitectura jurídica será determinante para definir la protección del inversor y la convertibilidad entre el token y el subyacente.
El ensayo de tres años es una señal regulatoria prudente que muestra intención exploratoria, no una apertura total. El resultado de este piloto condicionará la evolución posterior del régimen, la ampliación a otros perfiles de inversor y el posible escalado del mercado.
El próximo hito es el período experimental de tres años para inversores calificados; su desarrollo y alcance determinarán si la tokenización logra atraer capital real o queda como un instrumento técnico restringido por riesgos legales y políticos.
