Australia acelera su respuesta regulatoria ante el rápido auge de cajeros de criptomonedas y su uso en fraudes. AUSTRAC y miembros del Gobierno han presentado facultades que autorizarían a restringir o prohibir servicios catalogados de “alto riesgo”. La medida alcanza a operadores, a usuarios vulnerables —personas mayores y estudiantes internacionales— y al cumplimiento de entidades financieras.
Los crypto ATMs se multiplicaron en Australia: de 23 en 2019 a más de 1.800 según Coin ATM Radar, y otras fuentes los sitúan por encima de 2.000, colocando al país entre los primeros detrás de Canadá y EE. UU. Las autoridades advierten que la conversión de efectivo a activos digitales ha servido para estafas y lavado de dinero; el ministro Tony Burke los calificó como “producto de alto riesgo” y AUSTRAC identificó 90 usuarios principales vinculados a estafas o a actuar como mulas.
Ya rigen medidas transitorias: un límite de AU$5.000 en efectivo por transacción, advertencias antiestafa en los terminales y KYC más estricto para verificar la identidad y el riesgo de cada usuario antes de permitirle transaccionar. Brendan Thomas, director ejecutivo de AUSTRAC, resume: “Buscamos prevenir delitos y proteger la integridad financiera, no frenar la innovación tecnológica”.
Una medida que se puede expandir a otros países
La iniciativa legislativa cuenta con apoyo de ambos bloques y busca otorgar a los reguladores poder sobre categorías completas de productos, no solo sobre empresas aisladas, habilitando restricciones o prohibiciones cuando se evalúen como de alto riesgo.
El golpe se siente en la operación y en los negocios: operadores como Coinflip exhiben protocolos —KYC, cámaras, análisis blockchain y alertas en tiempo real— y alertan que una prohibición general les quitaría la posibilidad de ofrecer servicios legítimos.
AUSTRAC muestra daños reales: el 72% del dinero perdido en estafas proviene de personas de 50 a 70 años, con casos como un depósito de AU$430.000 realizado por una mujer mayor de 70; además, redes criminales usan a estudiantes internacionales como mulas y los bancos reciben mayor autoridad para bloquear esas operaciones.
Las propuestas estrechan la entrada de efectivo a criptomonedas, reducen la liquidez fuera de línea y obligan a rastrear mejor la cadena de custodia. Los equipos de producto y compliance deberán reforzar identificación, seguimiento y reportes, y los inversores verán menos demanda desde canales no bancarios. Si se aprueba la prohibición, algunos operadores abandonarán el país o se trasladarán a modelos con KYC más exigentes.
El próximo paso es la votación legislativa que amplía las facultades de AUSTRAC, una decisión que fijará si Australia opta por restricciones concretas o por un marco más amplio que prohíba ciertos servicios de crypto ATMs.
