Coinbase ha pedido al Departamento del Tesoro de EE. UU. que limite el alcance de las normas que desarrollen la aplicación del GENIUS Act, firmado el 18 de julio de 2025. La compañía advierte que una interpretación amplia podría frenar la competitividad de los stablecoins de pago y afectar negativamente a exchanges, desarrolladores y tesorerías institucionales. Esta solicitud se produce durante el proceso de consulta pública abierto por el Tesoro, y afecta a emisores, intermediarios y proveedores de infraestructuras blockchain que esperan claridad para sus operaciones y contabilidad.
El GENIUS Act estableció un marco federal para los stablecoins y fue aprobado por el Congreso con votaciones destacadas (Senado 68-30; Cámara 308-122). El Tesoro inició el proceso de reglamentación con un Advance Notice of Proposed Rulemaking (ANPRM) publicado el 18 de septiembre de 2025 y abrió un plazo de comentarios hasta principios de noviembre de 2025. La ley establece una fecha efectiva práctica en torno al 18 de enero de 2027, lo que proporciona tiempo para la elaboración de normas detalladas.
Coinbase articula tres áreas concretas de preocupación en su solicitud
En primer lugar, Coinbase solicita que el Tesoro evite aplicar el régimen del GENIUS Act a desarrolladores de software, validadores y contribuyentes de código abierto
Por otro lado, que la prohibición de pagar intereses a emisores de stablecoins no se extienda a recompensas y programas de lealtad ofrecidos por exchanges o terceros
También se solicita un tratamiento fiscal y contable pragmático para stablecoins de pago respaldados, pidiendo que se reconozcan como equivalentes de efectivo
Las implicaciones de esta postura podrían condicionar significativamente la redacción final de las normas y, por ende, la operativa de mercados y tesorerías. Una regulación bien delimitada favorecería la adopción de stablecoins por parte de instituciones, mientras que clarificar las restricciones sobre pagos de interés preservaría modelos comerciales existentes. Por otro lado, ampliar el alcance regulatorio a desarrolladores introduciría costos de cumplimiento y riesgos legales para proyectos de infraestructura.
La siguiente etapa será la respuesta del Tesoro a los comentarios del ANPRM y la eventual publicación de propuestas de regla que concretarán el alcance final, definiendo si las demandas de Coinbase se incorporan al texto normativo.
