La posible activación completa del «fee switch» de Uniswap podría desencadenar un movimiento parabólico en el token UNI, según ha señalado Ki Young Ju, CEO de CryptoQuant. Este cambio transformaría los flujos de comisiones de la plataforma en ingresos directos para la tesorería y, potencialmente, en mecanismos de recompra o quema que beneficiarían a los holders y a la gobernanza de la DAO.
El «fee switch» es una función reservada en el protocolo de Uniswap que, si se activa completamente, redirigirá parte de las comisiones (que hasta ahora han ido mayormente a los proveedores de liquidez) hacia la tesorería del DAO. Uniswap ha registrado históricamente comisiones anualizadas superiores a $2.700 millones, pero antes de esta medida esos ingresos no se traducían en revenue directo para los poseedores de UNI.
La evolución técnica del protocolo también influye significativamente: Uniswap V4, lanzado en enero de 2025, elimina las restricciones previas en los niveles de tarifa y permite estructuras de comisiones más flexibles y dinámicas. Esto podría incrementar la capacidad de generar ingresos protocolarios recurrentes, con proyecciones que estiman que el «fee switch» podría producir entre $500 y $800 millones anuales para la tesorería del protocolo.
El impacto de mercado fue inmediato tras las propuestas iniciales: UNI mostró subidas de precio entre el 10% y el 60% y un aumento de volumen de hasta 500%, alcanzando niveles significativos en precio y actividad. Informes preliminares apuntan además a millones en ingresos captados en cortos periodos desde la implementación parcial.
¿Qué posibilidades da el fee switch de Uniswap?
La captura de ingresos abre estrategias para alterar la tokenómica de UNI. La tesorería podría destinar aproximadamente $38 millones mensuales a recompras o implementar un programa de quema de hasta $800 millones, acciones que generarían presión deflacionaria y podrían mejorar la valoración por oferta limitada.
Sin embargo, existen riesgos a considerar. La activación completa requiere consenso de gobernanza (RFC, votaciones Snapshot), y hay preocupaciones sobre posibles desafíos legales o salidas de liquidez si los proveedores reaccionan retirando capital. La medida implica además ajustes operativos para distribuir ingresos sin afectar la eficiencia del mercado.
