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Bancos italianos apoyan el euro digital pero piden a BCE distribuir los costes de implementación

Bancos italianos en un hub fintech moderno, símbolo euro iluminado dividido entre euro digital de BCE y soluciones privadas

Los principales bancos italianos han expresado su respaldo al proyecto del euro digital, aunque solicitan que los costes de implementación se distribuyan en el tiempo para no tensionar las finanzas del sector, según informó Reuters el 8 de noviembre de 2025. Esta postura afecta directamente a intermediarios, reguladores y usuarios finales, ya que define quién financiará la infraestructura y condicionará la velocidad de adopción del nuevo medio de pago.

La Asociación Bancaria Italiana (ABI) reconoce que el euro digital aportaría «soberanía digital», pero señala un problema práctico: la inversión requerida para los bancos italianos se estima en aproximadamente €880 millones, sin incluir funciones complejas como la operativa offline.

A nivel de zona euro, las proyecciones para la implantación oscilan entre €4.000 y €5.800 millones. La autoridad monetaria sostiene que esta estimación podría reducirse mediante el aprovechamiento compartido de infraestructuras.

Marco Elio Rottigni, director general de la ABI, declaró: «Estamos a favor del euro digital porque encarna un concepto de soberanía digital», añadiendo que los costes «podrían distribuirse en el tiempo». Este matiz revela la tensión entre la visión estratégica del BCE y la programación de gasto de los bancos comerciales, que deben integrar requisitos de ciberseguridad, cumplimiento antilavado y formación de personal.

El euro digital: contexto e impacto financiero

La ABI también promueve un enfoque dual: la coexistencia e interoperabilidad entre el euro digital emitido por la BCE y las posibles monedas digitales emitidas por bancos comerciales. La razón técnica es evitar la desintermediación, es decir, la salida de depósitos hacia pasivos gestionados directamente por el banco central, que podría alterar los modelos de financiación bancaria.

El calendario oficial establece un piloto hacia 2027 y una implantación completa orientativa para 2029. Este cronograma constituirá el próximo hito verificado que condicionará las decisiones de inversión y despliegue operativo, según las fuentes citadas.

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