Coinbase ha formalizado su petición para obtener un «trust bank charter» federal. Esta acción desató la oposición inmediata de influyentes asociaciones bancarias tradicionales. La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), como fuente reguladora, debe ahora sopesar la solicitud de trust bank charter de Coinbase y su impacto en el sistema de pagos.
Diversos grupos del sector bancario, como el ICBA, BPI y la ABA, han solicitado formalmente a la OCC que rechace la petición. El ICBA oficializó su rechazo este 4 de noviembre de 2025, subrayando la urgencia de su postura. Los críticos advierten sobre un «arbitraje regulatorio», ya que temen que Coinbase acceda a sistemas de pago federales. Esto sucedería sin asumir las mismas obligaciones que los bancos comerciales tradicionales.
La petición de Coinbase responde a necesidades operativas claras del mercado cripto. Busca simplificar el complejo sistema de licencias estatales. Además, pretende ofrecer servicios de custodia regulada y reforzar las operaciones vinculadas a las stablecoins. Técnicamente, estos charters permiten la custodia fiduciaria de activos, pero no la concesión de préstamos. Tampoco habilitan depósitos asegurados por la FDIC, una diferencia clave que sus defensores usan como argumento.
¿Están los bancos tradicionales listos para la competencia del dólar digital?
El interés estratégico detrás de la solicitud de trust bank charter de Coinbase es inmenso. Un estudio reciente estima que hasta 1 billón de dólares podría migrar desde depósitos de mercados emergentes hacia stablecoins estadounidenses para 2028. Los bancos ven esto como una amenaza directa a su base de depósitos. Por otro lado, otras compañías como Stripe, Circle y Paxos también exploran rutas regulatorias similares. Esto convierte el debate en una redefinición institucional del sector.
Esta disputa condiciona la futura infraestructura de pagos y la calidad de la custodia institucional. La decisión que adopte la OCC será el próximo hito regulatorio que definirá la integración cripto. Determinará si el marco federal facilita o restringe el acceso de los proveedores de activos digitales a los sistemas de pago existentes. El resultado afectará directamente la disponibilidad de liquidez en dólares tokenizados.
