El Reino Unido ha iniciado el proceso para la devolución de Bitcoin a inversores chinos defraudados, una operación valorada en $6.8 mil millones. Según fuentes judiciales, más de 128,000 víctimas esperan la restitución de los fondos incautados en 2018, sentando un precedente mundial en la recuperación de criptoactivos. Este movimiento marca un hito en la justicia financiera transfronteriza.
El caso se remonta a una estafa operada entre 2014 y 2017 por Qian Zhimin a través de la empresa Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. La policía británica logró incautar 61,000 BTC en 2018, la mayor confiscación de criptomonedas en la historia del país.
El proceso legal se ampara en la Ley de Activos del Crimen (POCA) de 2002. Sin embargo, el abogado Jack Ding, quien representa a miles de afectados, advierte que muchos reclamantes presentan pruebas de inversión insuficientes. El calendario judicial es claro, con una demanda civil presentada en septiembre de 2024 y una sentencia penal contra Zhimin prevista para noviembre de 2025.
Esta noticia es de suma relevancia porque establece un marco de acción sin precedentes. Se trata de cómo un país gestiona la restitución de activos digitales a víctimas en otra jurisdicción, en este caso, China. La cooperación entre ambas naciones es crucial, aunque se ve ralentizada por diferencias normativas. El resultado definirá el futuro de la justicia financiera internacional en la era de la economía digital, demostrando si los sistemas legales pueden adaptarse a los delitos transfronterizos que involucran criptomonedas.
¿Cómo se devolverán $6.8 mil millones sin colapsar el mercado?
El proceso enfrenta tres desafíos monumentales: valoración, venta y verificación. Las cortes deben decidir si el pago se basa en el valor actual de Bitcoin o en la inversión original. Además, liquidar 61,000 BTC podría generar una presión vendedora masiva en el mercado, afectando su precio. La estrategia para vender los activos sin causar un desplome es crucial. Finalmente, verificar la autenticidad de cada una de las 128,000 reclamaciones con documentación incompleta es un reto logístico y legal de enormes proporciones que requiere una cuidadosa planificación.
El camino hacia la restitución total está trazado, pero lleno de obstáculos técnicos y diplomáticos. La atención se centra ahora en la decisión que tomará la High Court en enero de 2026, cuando definirá las reglas y el calendario del reparto. Este veredicto no solo buscará hacer justicia para miles de víctimas, sino que también creará una hoja de ruta para futuros casos de fraude cripto a escala global. La resolución del caso es esperada por inversores y reguladores de todo el mundo.
