Los fiscales encargados del caso de fraude JPEX en Hong Kong han obtenido permiso oficial para aplazar los procedimientos legales hasta el próximo año, citando la necesidad imperiosa de organizar una vasta cantidad de archivos probatorios acumulados. Durante una audiencia celebrada este lunes en el Tribunal de Magistrados de la zona Este, se determinó que la complejidad de la investigación, que abarca dos años, requiere un tiempo adicional significativo para su correcta estructuración. Esta decisión extiende la espera de las miles de víctimas que buscan justicia financiera.
La próxima audiencia ha sido programada para el 16 de marzo de 2026, fecha en la que comparecerá nuevamente el grupo de influencers de redes sociales acusados de promocionar la plataforma colapsada. Estos individuos, que actuaron como la cara pública de las tiendas de comercio de criptomonedas extrabursátiles (OTC), enfrentan cargos graves que incluyen conspiración para defraudar y lavado de dinero. La fiscalía busca consolidar un caso hermético ante la magnitud de las pérdidas reportadas.
Por otro lado, siete de los ocho acusados que comparecieron en la corte, incluyendo al ex abogado convertido en influencer Joseph Lam y al ex actor Cheng Chun-hei, recibieron la extensión de su libertad bajo fianza. Sin embargo, Cheng permanecerá bajo custodia al no haber solicitado dicho beneficio legal, manteniéndose tras las rejas mientras avanza el proceso. La situación legal de los acusados refleja la severidad con la que las autoridades tratan el caso.
¿Afectará este retraso judicial la confianza en la regulación de activos digitales?
El escándalo estalló originalmente en septiembre de 2023, cuando la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong emitió una advertencia crítica señalando que la plataforma operaba sin licencia y realizaba afirmaciones engañosas. Tras el colapso, más de 2.700 víctimas reportaron la imposibilidad de retirar sus fondos, sumando pérdidas combinadas que superan los 206 millones de dólares (1.6 mil millones de HKD).
Asimismo, este incidente ha tenido repercusiones profundas en el sector de las criptomonedas de la región, enfriando el sentimiento público justo cuando el gobierno intentaba posicionar a la ciudad como un centro global para la Web3. La debacle obligó a los reguladores a modificar drásticamente cómo comunican la información sobre licencias y cómo educan al público sobre los riesgos de los activos virtuales.
Las autoridades ahora priorizan la transparencia para evitar que esquemas similares proliferen en el futuro.
Además, la investigación policial ha llevado al arresto de más de 80 personas hasta la fecha, desmantelando lo que describen como un sindicato criminal organizado que utilizaba cuentas títeres y compañías fachada. Los cargos van desde inducir fraudulenta o imprudentemente a otros a invertir, hasta el trato con propiedades que representan ganancias de delitos procesables bajo las leyes contra el lavado de dinero. La red de complicidad descubierta abarca desde promotores mediáticos hasta operadores técnicos de la plataforma.
Finalmente, mientras el proceso judicial avanza lentamente en los tribunales, la búsqueda internacional de los presuntos cabecillas continúa activa con notificaciones rojas de Interpol emitidas contra tres hombres clave. Se cree que Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheng y Kwok Ho-lun, este último vinculado a operaciones en Australia, siguen prófugos de la justicia, manteniendo el caso abierto a nivel global. La resolución total de este fraude dependerá de la cooperación internacional para capturar a los fugitivos restantes.
