Un nuevo informe del OCC contradice a las entidades financieras y expone políticas que limitaron el acceso a servicios bancarios para industrias legales, incluido el sector de activos digitales.
La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) publicó resultados preliminares de su amplia investigación sobre prácticas de debanking en los bancos nacionales más grandes del país, y las conclusiones intensifican un conflicto que lleva años entre el sistema financiero tradicional, el sector cripto y los reguladores. Según el organismo, los nueve bancos analizados aplicaron políticas internas que generaron barreras indebidas para negocios completamente legales, entre ellos las empresas dedicadas a los activos digitales.
La revisión —ordenada bajo el reciente decreto del presidente Donald Trump que exige igualdad de acceso a servicios bancarios— evaluó las prácticas de JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank y BMO. De acuerdo con el informe, entre 2020 y 2023 estas instituciones implementaron procesos de aprobación y restricciones amplias que diferenciaban a los clientes según la naturaleza de sus actividades, incluso cuando esas actividades eran legales y estaban permitidas.
El organismo señaló que el impacto no se limitó a las compañías cripto. Sectores como petróleo y gas, armas de fuego, prisiones privadas, tabaco y entretenimiento para adultos también fueron señalados como destinatarios de obstáculos adicionales. Las empresas vinculadas a activos digitales quedaron dentro del mismo grupo, enfrentando políticas que reducían o desalentaban el acceso a servicios bancarios básicos.
El contralor Jonathan Gould afirmó que los resultados evidencian un patrón extendido y no incidentes aislados. Calificó estas restricciones como perjudiciales para negocios legítimos y un “uso inapropiado” de las facultades que otorgan las cartas bancarias nacionales. Si bien los bancos involucrados han negado haber cerrado cuentas por motivos discriminatorios, Gould subrayó que muchas de las políticas cuestionadas eran públicas y se aplicaron de manera consistente. La investigación seguirá hasta completar un informe definitivo.
Regulador dice que los bancos usaron los poderes de la carta de manera incorrecta
El fenómeno del debanking ha estado históricamente relacionado con señales regulatorias ambiguas. Aun sin prohibiciones directas, numerosos bancos interpretaron advertencias, consultas o comunicaciones informales de organismos federales como razones para reducir su exposición al sector cripto. Uno de los ejemplos más citados ocurrió cuando la FDIC aconsejó a los bancos “pausar” sus actividades vinculadas a criptomonedas, un mensaje que generó temor en los departamentos de cumplimiento y provocó cierres preventivos. Para muchas firmas cripto, esto se tradujo en años de dificultades para obtener o mantener cuentas operativas básicas.
El tema se volvió un foco político central. El decreto firmado por Trump en agosto buscó impedir que las instituciones financieras negaran servicios por motivos ideológicos o ajenos al riesgo financiero real. En paralelo, estados como Florida, Idaho y Tennessee impulsaron leyes de “acceso justo” con el mismo objetivo. Pese a esto, los bancos sostienen que sus decisiones se basan en obligaciones de prevención de lavado de dinero y en la necesidad de monitorear actividades sospechosas, no en un sesgo contra el sector cripto u otras industrias controvertidas.
La disputa también se trasladó al ámbito judicial. El exsolicitador general Donald Verrilli argumentó que la negativa de la Reserva Federal a otorgar una cuenta master a Custodia Bank reflejó un criterio según el cual los negocios cripto son inherentemente riesgosos.
