Un político local ucraniano enfrenta cargos criminales. Se le acusa de ocultar casi 5 millones de dólares en criptoactivos en sus declaraciones financieras obligatorias. Este caso expone una grave falla en supervisión de criptoactivos en Ucrania. La investigación, según fuentes oficiales, destapa una debilidad sistémica en el seguimiento de la riqueza digital de los funcionarios. La Agencia Nacional Anticorrupción de Ucrania (NAPC) ha quedado en el centro de la controversia.
Las autoridades investigan a Oleksandr Kalutskyi, diputado del Consejo Municipal de Poltava. Se sospecha que realizó declaraciones falsas deliberadamente en sus informes financieros. Los informes indican que Kalutskyi omitió declarar criptomonedas por más de 200 millones de grivnas. Esta cifra equivale a aproximadamente 4.77 millones de dólares. Los activos ocultos presuntamente pertenecían tanto a él como a sus familiares cercanos. La fiscalía señala que esta ocultación fue sistemática y deliberada.
La omisión de la declaración de criptomonedas abarcó tres años consecutivos, desde 2022 hasta 2024. Aunque Kalutskyi intentó presentar documentos actualizados para 2025 listando algunos activos virtuales, las investigaciones determinaron que esta nueva data también era poco fiable. Este patrón de ocultamiento sugiere un intento claro de evadir el escrutinio financiero.
El caso resalta una vulnerabilidad crítica en el marco anticorrupción de Ucrania. La propia NAPC admitió el mes pasado esta debilidad. La agencia confirmó que no mantienen registros separados ni estadísticas sobre activos digitales en las declaraciones. Los funcionarios deben listar estos activos como «activos intangibles», una categoría demasiado amplia. La NAPC confirmó que sus sistemas internos no están diseñados para procesar esta información específica.
¿Depende la lucha anticorrupción ucraniana solo de especialistas cibernéticos?
Esta falta de un mecanismo de seguimiento dedicado facilita la tergiversación de la propiedad de activos. La economía digital requiere mayor supervisión. El caso de Kalutskyi es particularmente revelador. No fue expuesto por revisiones de rutina de la NAPC, como cabría esperar. Fueron especialistas cibernéticos del Servicio de Seguridad y detectives de la Policía Nacional quienes detectaron la importante discrepancia.
Esta dependencia de unidades especializadas, en lugar de una supervisión automatizada o rutinaria, es el «punto ciego» del sistema. Demuestra que el enfoque actual de la NACP es insuficiente para la era digital. El marco regulatorio actual no logra seguir el ritmo de la adopción de activos virtuales por parte de los funcionarios.
El descubrimiento sugiere que la falla en supervisión de criptoactivos en Ucrania podría estar siendo explotada por otros funcionarios. Si es declarado culpable, Kalutskyi enfrenta hasta dos años de prisión. Además, podría ser inhabilitado para ocupar cargos públicos por un período de hasta tres años. Este escándalo presiona a las autoridades para que mejoren urgentemente sus sistemas de rastreo cripto. Es imperativo cerrar esta peligrosa brecha de supervisión.
