Un conjunto de fiscales estatales en Estados Unidos, junto a víctimas y expertos en cumplimiento, han encendido las alarmas sobre nuevos proyectos legislativos. Advierten que la inminente ley de criptomonedas y fraudes podría limitar severamente su capacidad para perseguir delitos financieros. Esta preocupación surge en un contexto de pérdidas millonarias por estafas, según datos de la Comisión Federal de Comercio (FTC).
¿Protección o Barrera? El Dilema de la Nueva Regulación Cripto
Los datos recientes pintan un panorama preocupante para los inversores. La FTC informó que solo en el primer semestre de 2024 se perdieron aproximadamente $66 millones por fraudes en cajeros automáticos de criptomonedas. En respuesta, los estados han iniciado más de 330 acciones de cumplimiento contra esquemas como el «pig butchering».
Sin embargo, la legislación federal propuesta, como la CLARITY Act y la GENIUS Act, busca unificar el mercado, lo que podría socavar estos esfuerzos locales. Por ejemplo, la Crypto ATM Fraud Prevention Act ya ha provocado el cierre de más de 1.200 cajeros, generando un fuerte debate entre la accesibilidad y la protección del usuario.
Uno de los puntos más técnicos y controvertidos es la propuesta de modificar la definición federal de “contrato de inversión” (investment contract). Este cambio, aunque parece menor, es fundamental. Podría reducir el alcance legal para que los estados presenten cargos por fraude de valores, dificultando la responsabilidad civil y penal.
Actualmente, un contrato de inversión permite a los fiscales actuar cuando alguien invierte dinero esperando ganancias del esfuerzo de otros. Alterar esta definición podría dejar vacíos legales que beneficien a los estafadores y afecten negativamente la economía digital.
El Cambio Técnico que Podría Proteger a los Estafadores
El impacto de estas estafas va más allá de las cifras. Amy Nofziger, de la AARP Fraud Watch Network, subraya la devastación en la vida de las víctimas, quienes a menudo pierden sus ahorros. El riesgo regulatorio no es el único problema. Las medidas antifraude aumentan los costos operativos para las compañías y el continuo flujo de estafas erosiona la confianza del usuario, un pilar para la adopción masiva. Se critica que el marco propuesto favorece a grandes actores financieros en detrimento de los consumidores.
Mientras el debate continúa en el Congreso, la tensión entre las regulaciones federales y la autoridad estatal sigue creciendo. El avance de estas legislaciones determinará el futuro de la supervisión financiera en el ecosistema cripto. La decisión final establecerá si prevalece un marco que protege a los inversores o uno que, según sus críticos, abre la puerta a mayores riesgos y dificultades para impartir justicia.
