Un tribunal del Reino Unido ha ordenado a Joseph James O’Connor, el ciberdelincuente británico detrás del hackeo masivo de Twitter en 2020, devolver ganancias ilícitas valoradas hoy en más de 5 millones de dólares. Este fallo busca recuperar los fondos obtenidos mediante una estafa de Bitcoin que comprometió cuentas de alto perfil como las de Barack Obama y Elon Musk. Adrian Foster, fiscal jefe de la División de Productos del Crimen, declaró: «Pudimos utilizar toda la fuerza de los poderes disponibles para asegurar que, incluso cuando alguien no es condenado en el Reino Unido, no se beneficie de su criminalidad».
La orden de recuperación civil emitida por la Fiscalía de la Corona (CPS) afecta activos que incluyen aproximadamente 42 Bitcoin, 235 Ethereum y stablecoins, cuyo valor conjunto ha ascendido a unos 5.4 millones de dólares (4.1 millones de libras esterlinas) debido a la apreciación del mercado. O’Connor, quien ya cumple una sentencia de cinco años en Estados Unidos tras declararse culpable en 2023, utilizó técnicas de SIM swapping para secuestrar perfiles y solicitar criptomonedas bajo la falsa promesa de duplicar los envíos de las víctimas.
¿Puede la justicia recuperar activos digitales años después del crimen?
Este caso resalta la capacidad de las autoridades internacionales para rastrear y confiscar activos digitales mucho tiempo después de perpetrado el delito. El incidente original de 2020 no solo expuso vulnerabilidades críticas en la ciberseguridad de las redes sociales, sino que también demostró cómo la ingeniería social puede escalar hasta convertirse en una amenaza financiera global. En aquel entonces, los atacantes lograron recaudar cerca de 794,000 dólares, una cifra que se ha multiplicado exponencialmente, convirtiendo la incautación actual en una victoria significativa para los reguladores.
El fallo establece un precedente importante para la cooperación transfronteriza en la lucha contra el cibercrimen. Por otra parte, envía un mensaje contundente a los delincuentes digitales: las ganancias obtenidas mediante fraudes con criptomonedas no están fuera del alcance de la ley, independientemente de las fluctuaciones del mercado o la jurisdicción de la condena penal. Asimismo, se ha designado un fideicomisario para liquidar los activos incautados y gestionar la restitución.
De este modo, mientras O’Connor continúa su condena en prisión, las autoridades aseguran que el botín de sus crímenes no le espere a su salida. La recuperación de estos fondos marca el cierre de uno de los capítulos más notorios en la historia de las estafas en redes sociales, advirtiendo sobre los riesgos persistentes de la custodia de activos en un entorno digital cada vez más sofisticado.
