FTX retiró a principios de julio de 2025 una propuesta que buscaba restringir pagos a acreedores en 49 países, un movimiento que afectaba a cientos de millones de dólares en reclamaciones y a usuarios en mercados como China, Arabia Saudí y Rusia. La decisión, revertida tras una oleada de objeciones, libera fondos bloqueados y obliga al administrador a evaluar pagos por país, lo que impacta a inversores, equipos de producto y departamentos de compliance que siguen criterios de distribución y cumplimiento transfronterizo.
En julio, FTX Recovery Trust presentó una moción para congelar o limitar distribuciones a acreedores domiciliados en 49 jurisdicciones. La intención oficial era reducir riesgos legales derivados de marcos regulatorios contradictorios o prohibiciones locales sobre criptoactivos, de acuerdo con la argumentación del propio administrador.
El plan generó una reacción intensa de la comunidad de acreedores, que calificó la medida de discriminatoria y desproporcionada, en un debate donde se estimó que los usuarios en China habrían visto reclamaciones por $380–$800 millones y que la retirada del plan permitió liberar aproximadamente $500 millones que permanecían bloqueados.
La polémica y las medidas futuras de FTX
El Trust ha optado por una estrategia más detallada: encargar asesoría local para evaluar la legalidad de cada pago por jurisdicción, en lugar de aplicar una restricción general. El proceso de devolución de fondos continúa según el cronograma proporcionado por el administrador: reclamaciones por $50.000 o menos tienen pagos previstos desde el 3 de enero de 2025, con desembolsos dentro de 60 días; además, se anunciaron partidas importantes, como un pago estimado de $1,2 mil millones el 18 de febrero de 2025 y otra distribución superior a $5 mil millones el 30 de mayo de 2025. El total de activos recuperados se sitúa en torno a $14,5–$16,5 mil millones, apuntando a la posibilidad de reembolso integral de la mayoría de acreedores en términos nominales.
Una objeción recurrente ha sido la metodología de valoración: los pagos están fijados en dólares de 2022, lo que puede traducirse en una recuperación real en cripto sensiblemente inferior; estimaciones internas sitúan esa recuperación en términos de activo digital entre el 9% y el 46% según la apreciación posterior de los criptoactivos. El activista Sunil Kavuri describió la situación como una “doble pérdida” para los acreedores afectados. (Definición técnica) El Capítulo 15 del Código de Bancarrota de EE. UU. facilita la cooperación entre tribunales extranjeros y el sistema de quiebras estadounidense en procesos transfronterizos.
La retirada del plan reduce el riesgo de litigios masivos inmediatos, pero aumenta la carga operativa y legal: evaluar jurisdicción por jurisdicción encarece las gestiones y puede retrasar pagos. Para compliance y grupos de producto, la resolución reafirma la necesidad de documentación robusta sobre residencia de usuarios y pruebas de titularidad. Para inversores, la fijación en valores de 2022 implica riesgo de pérdida real frente a la apreciación posterior de criptoactivos.
