La Autoridad de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha comenzado a rechazar sistemáticamente los proyectos de empresas que buscan convertir parte de su balance en criptomonedas. Hasta el momento, cinco solicitudes han sido denegadas en un intento de prevenir problemas de liquidez y especulación. Además, el regulador prepara una campaña informativa dirigida a la ciudadanía para advertir sobre los riesgos asociados a las estructuras que operan sin licencia.
La SFC justifica su enfoque más restrictivo por la ausencia de un marco normativo específico para las «digital asset treasuries» (DAT), lo que puede propiciar primas de precio infladas y ocultación del activo subyacente. Estas DAT representan conversiones significativas de millones del balance empresarial a bitcoin, ether u otros tokens digitales.
Esta situación contrasta con la regulación ya establecida para proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs), obligatoria desde junio de 2023, y con los nuevos requisitos para stablecoins que entrarán en vigor el 1 de agosto de 2025. Paralelamente, la SFC ha incrementado las exigencias de custodia para plataformas autorizadas, implementando medidas como doble llave en frío, auditorías mensuales de wallets y notificación inmediata de movimientos que superen ciertos umbrales.
El cerco regulatorio y sus implicaciones
A pesar de las restricciones, el interés institucional continúa manifestándose con iniciativas como el fondo de tesorería de 500 millones de dólares de HashKey (exclusivamente para bitcoin y ether) y otro fondo de Sora Ventures con 200 millones comprometidos y aspiraciones de alcanzar los 1.000 millones. Este contraste entre prohibición y demanda está obligando a los departamentos de tesorería a replantearse sus estrategias para mantener la liquidez sin recurrir a criptoactivos.
La SFC distribuirá materiales informativos explicando los riesgos asociados a las DAT, como la pérdida súbita de valor, la congelación de liquidez y la falta de auditoría de activos subyacentes. El próximo hito regulatorio será el 1 de agosto de 2025, cuando entre en vigor la obligatoriedad de licencia para stablecoins, estableciendo una nueva referencia para emisores y tesorerías.
