El último informe revela que el gobierno de Tokio está listo para presentar un nuevo sistema de impuestos criptográficos para evitar que las personas se escapen del enorme impuesto a las ganancias generado por la criptomoneda. Según la fuente relacionada con el tema, la Agencia Nacional de Impuestos (NTA, por sus siglas en inglés) exigirá información sobre las transacciones en criptomonedas que hayan evadido impuestos sobre sus ganancias de criptografía.
Sospechosos evasores de impuestos y nuevo sistema fiscal
El nuevo sistema de evasión de impuestos sobre la obtención de criptografías comenzará a partir del próximo año fiscal de Japón, del 1 de abril al 31 de marzo.
Anteriormente se informó que los ingresos derivados de la criptomoneda se consideran los ingresos diversos que se incluyen en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las personas asalariadas con un ingreso mínimo de 200,000 yenes por año deben divulgar el asunto a la ley y considerarlo como un ingreso.
Después de la nueva reforma, los intercambios de criptomonedas japonesas serán responsables de compartir legalmente la información sobre sus clientes, que debe incluir el nombre del cliente, su dirección y los números de identificación personal de 12 dígitos. Sin embargo, el año 2018 fue una erupción para casi todos los usuarios en el mercado de criptografía, pero en el año 2017, más de 300 personas han ganado al menos 100 millones, según los datos recopilados por NTA. Esto se debe a que, durante 2017, bitcoin y otras criptomonedas alcanzaron los máximos y este año operaron con un gráfico negativo.
Por ahora, solo las personas que hayan ganado un mínimo de 10 millones de yenes a través de transacciones criptográficas y también si la autoridad considera que el individuo niega revelar al menos la mitad de ese ingreso, deben compartir su información. Las personas con menos de 10 millones de yenes o aquellos que parecen tener poco tiempo con los titulares no deben preocuparse.
Japón ha estado en el boletín criptográfico durante bastante tiempo. A principios de este año, la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSI) estableció un estado de autorregulación que permite a los líderes de la industria establecer reglas y salvaguardar los activos de los clientes, así como evitar posibles actividades de lavado de dinero. .
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