Japón propone reducir la tributación de las criptomonedas del 55% al 20%, con el objetivo de equiparar su tratamiento fiscal al de las acciones y reactivar el sector fintech japonés. La medida, presentada por autoridades y difundida por medios locales, impactaría a inversores, exchanges, gestores de activos digitales y potenciales nuevos participantes del mercado.
Contexto y calendario
Actualmente, las ganancias por criptomonedas se gravan como renta diversa con tasas que alcanzan el 55%. La revisión entraría en vigor en el ejercicio fiscal 2026, estableciendo una tasa única del 20%, lo que igualaría la tributación con la de las acciones, fomentaría la competitividad internacional y daría un nuevo impulso al sector digital japonés.
Reclasificación y normas de mercado
La propuesta contempla reclasificar ciertos activos digitales como “productos financieros” bajo la Financial Instruments and Exchange Act (FIEA). Esta medida permitiría:
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Aplicar normas de mercado, como las reglas contra el uso de información privilegiada.
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Abrir la puerta a ETFs spot sobre bitcoin en el mercado local.
La Financial Services Agency (FSA) lidera los trabajos técnicos para equilibrar la innovación con la protección del inversor.
Medidas de certeza fiscal e impacto económico
El plan incluye medidas para mayor certeza fiscal, entre ellas la posibilidad de arrastrar pérdidas durante tres años, equiparando el tratamiento al del mercado de valores y ofreciendo mayor flexibilidad frente a la volatilidad.
Japón cuenta con más de 12 millones de cuentas cripto activas que suman alrededor de ¥5 billones (unos $34.000 millones). Una menor presión fiscal, junto con la habilitación de ETFs, podría atraer capital institucional, aumentar la liquidez del ecosistema y frenar la salida de empresas, talento y startups innovadoras hacia otras jurisdicciones más flexibles.
Efectos directos
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Homologación fiscal: paso de renta diversa a un impuesto plano del 20%.
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Productos financieros: reclasificación bajo FIEA, con posibilidad de ETFs spot y normas de conducta más estrictas.
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Riesgo y gestión: arrastre de pérdidas por tres años para amortiguar la volatilidad.
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Supervisión: mayor capacidad de la FSA para aplicar reglas de insider trading y de protección al inversor.
Conclusión
El impacto final dependerá de la aprobación parlamentaria y de los detalles técnicos que defina la FSA. Hasta entonces, los cambios permanecen en el terreno de la intención política y regulatoria. Según lo previsto, el nuevo régimen fiscal entraría en vigor en 2026, en el marco de la estrategia gubernamental para impulsar la inversión, fortalecer el sector fintech japonés y consolidar a Japón como hub regional de innovación financiera.
