El gobierno de Japón aprobó el 14 de octubre una resolución del Gabinete para modificar seis leyes relacionadas con la Ley de Divisas, con el fin de prevenir aún más el lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas.
Las empresas que se son exchanges de criptomonedas están obligadas por ley a verificar información como el nombre del usuario y a notificar a los operadores de la empresa.
La nueva ley, que ha recibido la aprobación del Consejo de Ministros, va a ser presentada a la Dieta durante el período de sesiones en curso.
Además, se endurecerán las penas por delitos relacionados con el lavado de capitales, y se dará al gobierno de Japón la capacidad de congelar los activos de organizaciones y personas que hayan sido identificadas por las Naciones Unidas como implicadas en la proliferación de armas de destrucción masiva.
Se ha buscado la autorregulación de las organizaciones miembros de la Asociación Japonesa de Exchanges de Criptomonedas (JVCEA), que supervisa la industria de exchanges de criptomonedas en Japón.
Alrededor de abril, los principales exchanges locales como Coincheck y GMO Coin comenzaron a dar respuestas.
Además, la aplicación completa ha estado en vigor desde el mes de octubre, y a partir de ese mes, ahora es necesario adquirir información sobre la dirección del destinatario, así como información sobre el propósito de la transacción.
Japón ha Estado Trabajando Incansablemente Para Frenar los Delitos Relacionados con las Criptomonedas
Para evitar que los delincuentes se aprovechen de los exchanges de criptomonedas como medio de lavado de dinero, el gobierno japonés anunció recientemente nuevas leyes para las remesas.
Para trasladar criptomonedas de una plataforma a otra, las leyes obligan a los exchanges a divulgar algunos datos de los usuarios, como los nombres y direcciones de los consumidores.
Las stablecoins, una criptomoneda cuyo valor está vinculado al de otro activo (como el dólar estadounidense o el oro) para mantener la estabilidad, también estarán sujetas a la normativa.
Además, el gobierno podría modificar sus leyes de remesas para exigir a los exchanges de criptomonedas que proporcionen información sobre sus usuarios y las transacciones de criptomonedas que procesan.
La agencia también quiere que los mercados de valores (stocks) creen una base de datos de empresas y personas sancionadas para que los activos puedan ser congelados más fácilmente.
