Los principales grupos bancarios de EE. UU. solicitaron una pausa de 12 meses antes de permitirle a las empresas cripto el acceso a las vías de pago de la Reserva Federal. Del otro lado, ya se solicitó su acceso inmediato para reducir los obstáculos y enmarcarse dentro del marco regulatorio propuesto.
La propuesta de la Reserva Federal sobre las denominadas “skinny master accounts”, planteada por primera vez en octubre del año pasado, introdujo un modelo de acceso altamente restringido para empresas de pagos no bancarias. El objetivo central era limitar los riesgos para la estabilidad financiera, excluyendo explícitamente la concesión de crédito y el pago de intereses sobre los saldos mantenidos en estas cuentas.
Bajo este esquema, las cuentas no ofrecerían facilidades de crédito ni rendimientos, e incluirían límites estrictos de saldo, que en las discusiones preliminares se ubicaron en torno a los $5.000 millones o el 10% de los activos de la empresa. Además, el acceso estaría restringido a ciertos servicios de la Fed, como FedACH, y se impondrían límites operativos que obligarían a las empresas a recurrir a bancos asociados para procesos de liquidez.
Las compañías cripto, incluidos los emisores de stablecoins, argumentaron que estas condiciones vuelven a las cuentas funcionalmente insuficientes. Según su postura, el diseño perpetúa la dependencia del sistema bancario tradicional e impide obtener intereses sobre las reservas, reduciendo de forma significativa los beneficios operativos que justificarían el acceso directo a la Fed.
Los grupos bancarios, en cambio, defendieron un enfoque restrictivo. Sostuvieron que un acceso más amplio podría facilitar la sustitución de depósitos y aumentar el riesgo de corridas, y citaron estimaciones de salidas potenciales de hasta $500.000 millones hacia 2028 como razón para adoptar un período de observación prudente.
Estancamiento regulatorio y tensiones legislativas
Las posiciones se endurecieron durante una reunión en la Casa Blanca el 10 de febrero. El debate dejó en evidencia una divergencia de prioridades: los bancos enfatizaron la estabilidad y la supervisión prudencial, mientras que las empresas de activos digitales reclamaron mayor eficiencia y menor dependencia de bancos corresponsales.
En paralelo, la CLARITY Act emergió como un punto clave de fricción. El proyecto buscaba definir roles regulatorios claros para la emisión de tokens y la supervisión del mercado, incluyendo disposiciones para Permitted Payment Stablecoins y procesos de registro acelerados.
Sin embargo, el desacuerdo sobre si las stablecoins deberían generar rendimiento fracturó el consenso: algunas firmas cripto, como Coinbase, retiraron su apoyo por las limitaciones a recompensas y acceso a DeFi, mientras que los bancos se opusieron por motivos de neutralidad competitiva y riesgo de fuga de depósitos.
Este enfrentamiento ya está influyendo en las estrategias de producto, cumplimiento y gestión de riesgos. Un acceso directo a la Fed podría reducir cadenas de liquidación y latencia operativa para emisores de stablecoins y custodios, pero también exigiría nuevos marcos de supervisión en custodia, KYC/AML y gestión de liquidez.
