Una ola de cierres de instalaciones de criptominería ilegal en Rusia ha generado pérdidas que superan los 122 millones de dólares para los operadores. Las acciones fueron impulsadas por la compañía eléctrica estatal Rosseti, que busca frenar el consumo no autorizado de energía en todo el país. Esta medida representa un desafío significativo para la rentabilidad de la minería digital en la región.
Las granjas mineras ilegales consumieron una cantidad alarmante de electricidad, equivalente al consumo de un gran distrito. La empresa estatal ha intensificado sus esfuerzos para detectar y desconectar estas operaciones fraudulentas. En consecuencia, se han presentado más de 500 demandas contra los mineros, buscando recuperar los costos de la energía robada.
La ofensiva regulatoria se produce en un momento complejo para la industria. A pesar de que la minería de criptomonedas es legal en el país, el gobierno ruso ha implementado una estricta supervisión para estas actividades. Desde 2023, la Fiscalía General ha cerrado docenas de granjas de minería no autorizadas. Esta situación ha afectado principalmente a los mineros que operan en zonas residenciales, utilizando tarifas eléctricas subsidiadas para maximizar sus ganancias.
El problema radica en el uso de electricidad destinada al consumo doméstico para fines industriales, una práctica que desestabiliza la red eléctrica. Además, el consumo masivo de energía por parte de los mineros ilegales genera sobrecargas y riesgos para la infraestructura. Estas acciones regulatorias buscan no solo recuperar pérdidas, sino también garantizar la estabilidad del suministro eléctrico para los ciudadanos y las compañías legítimas.
¿El fin de la era dorada para los mineros?
El impacto de estas medidas es considerable para el sector de la minería de criptomonedas en el país. La rentabilidad de los mineros se ve directamente amenazada por estas acciones, ya que sus márgenes de ganancia dependían en gran medida del bajo costo de la electricidad obtenida ilegalmente. Ahora, enfrentan no solo la pérdida de sus operaciones, sino también cuantiosas multas y la obligación de pagar la energía consumida.
Esta situación subraya la creciente presión de los gobiernos a nivel mundial para regular el sector. Mientras tanto, los operadores de la industria de la criptominería ilegal en Rusia se enfrentan a un panorama cada vez más restrictivo. Las perspectivas futuras sugieren que solo aquellos que se adapten a un marco regulatorio claro y operen con total transparencia podrán sobrevivir en el competitivo mercado de la minería de activos digitales.
