Este 24 de diciembre de 2025, los reguladores de Filipinas han intensificado su ofensiva contra los proveedores de servicios de activos virtuales que operan fuera del marco legal. Según informes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (NTC), se ha ordenado el bloqueo inmediato de las plataformas Coinbase y Gemini en todo el territorio nacional. Esta medida responde a una solicitud directa del Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), que identificó a estas empresas como entidades no autorizadas para ofrecer servicios financieros digitales en el país.
La restricción técnica ha dejado a miles de usuarios locales sin acceso a sus cuentas a través de los principales proveedores de internet. Asimismo, el BSP ha señalado que estas plataformas forman parte de una lista de 50 entidades que incumplen con las normativas vigentes de registro.
Por ende, el gobierno busca proteger la integridad del sistema financiero nacional frente a operaciones que escapan de su supervisión directa. De este modo, Filipinas reafirma su postura de tolerancia cero hacia los intercambios globales que ignoran las regulaciones locales.
Por otra parte, este movimiento no es un hecho aislado, sino la continuación de una estrategia iniciada con el veto a Binance anteriormente. La NTC ha instruido a las operadoras de red para implementar filtros que impidan la conexión con estas aplicaciones y sitios web.
No obstante, la medida ha generado preocupación entre los inversores locales que aún mantienen fondos en estas plataformas internacionales de intercambio. Por lo cual, se espera que el flujo de capitales se desplace hacia alternativas que cuenten con el aval regulatorio correspondiente.
Los reguladores filipinos exigen cumplimiento estricto mientras las plataformas locales ganan terreno operativo
Además de las sanciones, el panorama local muestra un crecimiento notable de las opciones reguladas para los usuarios filipinos. El banco digital GoTyme recientemente habilitó servicios de compra y custodia de criptoactivos en alianza con la firma Alpaca.
También destaca la labor de PDAX, que ha integrado soluciones de pago de nómina mediante el uso de monedas estables para trabajadores remotos. De este modo, el mercado se está reconfigurando bajo un esquema de cumplimiento que favorece a las instituciones que operan legalmente en el país.
Por otro lado, el BSP mantiene una moratoria sobre nuevas licencias para proveedores de servicios de activos virtuales de forma indefinida desde agosto pasado. Esta pausa regulatoria busca fortalecer la vigilancia y el monitoreo de los riesgos asociados a la volatilidad de la tecnología financiera actual.
Sin embargo, el país sigue siendo uno de los líderes en adopción global de activos digitales, ocupando el noveno puesto según índices internacionales recientes. Por lo cual, la demanda de servicios seguros y legales sigue siendo extremadamente alta entre la población joven y tecnológicamente activa.
¿Podrán las plataformas globales recuperar su acceso al mercado filipino tras aceptar las condiciones del banco central?
El futuro de los intercambios extranjeros en Filipinas dependerá enteramente de su disposición para obtener las licencias necesarias ante el BSP y la SEC. Por otra parte, la presión regulatoria podría forzar a más compañías a establecer oficinas físicas y cumplir con los requisitos de capital mínimo exigidos.
También es fundamental considerar que la protección del consumidor es la prioridad principal declarada por las autoridades financieras en cada comunicado oficial emitido. Por ende, el cumplimiento normativo será el único camino viable para la permanencia de las marcas internacionales en este mercado emergente.
Para finales de este año, se espera que el marco legal se vuelva aún más estricto con la posible aprobación de nuevas leyes de reserva estratégica. Mientras esto sucede, los usuarios deberán migrar sus activos hacia billeteras autorizadas para evitar la pérdida de acceso por bloqueos técnicos repentinos.
En resumen, la industria criptográfica en Filipinas está atravesando una fase de depuración necesaria para garantizar la estabilidad económica. En definitiva, el ecosistema digital filipino prioriza la seguridad jurídica sobre la apertura indiscriminada a servicios de inversión global no regulados.
