El presidente del Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, Erik Thedéen, pidió una revisión de las reglas de capital que se aplican cuando los bancos mantienen activos cripto, señalando que el marco vigente penaliza de forma excesiva la participación bancaria en el ecosistema digital.
El núcleo de la crítica es el tratamiento prudencial que clasifica ciertos criptoactivos —Grupo 2a— con un ponderador de riesgo del 1.250%, lo que exige capital equivalente al valor de la exposición. Ese requisito convierte en inviable, desde el punto de vista económico, que bancos incorporen cripto activos en su balance, según el diagnóstico expuesto por el presidente del comité, y el resultado es una regulación que, en opinión de los críticos, prioriza la aversión al riesgo por encima de una evaluación diferenciada de activos.
Organizaciones sectoriales como el Institute of International Finance (IIF) y la International Swaps and Derivatives Association (ISDA) han argumentado que las reglas son excesivamente conservadoras y fomentan la arbitraje regulatorio: actividad que migra a jurisdicciones o actores con menor supervisión. Estados Unidos y Reino Unido han mostrado resistencia a adoptar el estándar tal cual, por considerarlo poco práctico para la operativa bancaria.
La respuesta regulatoria no ha sido homogénea. La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha pospuesto la aplicación de las normas desde el 1 de enero de 2026 hasta el 1 de enero de 2027 —o incluso más tarde— para dar tiempo a bancos locales como DBS y UOB a adaptar sus sistemas de gestión de riesgo y divulgación. Hong Kong (HKMA) mantiene un calendario con fecha de entrada en vigor en enero de 2026, lo que subraya la fragmentación de la implementación internacional.
Consecuencias prácticas para bancos, mercados y reguladores
Aplicar ponderadores de capital muy altos puede empujar el negocio de activos digitales fuera del perímetro bancario, con consecuencias negativas para la trazabilidad, la supervisión y la protección del cliente. La tecnología de libro mayor distribuido (DLT), definida como un sistema que registra transacciones de forma distribuida entre participantes, ofrece mejoras operativas como liquidación más rápida y menor riesgo de contraparte; sin embargo, su adopción se ve frenada por la incertidumbre prudencial.
El Comité de Basilea ha publicado enmiendas técnicas y reconoce la presión para recalibrar el enfoque; el debate pasa ahora por equilibrar la protección financiera con permitir que bancos gestionen y custodian exposiciones cripto de forma prudente.
La petición de revisar las reglas de capital abre una ventana para armonizar prudencia y acceso regulado a criptoactivos; el próximo hito será la adopción o modificación de las enmiendas técnicas del Comité de Basilea y las decisiones de implementación en 2026–2027, que marcarán el mapa operativo y de cumplimiento para bancos y proveedores de servicios en activos digitales.
