La actualidad normativa de esta semana evidencia una realidad compleja para la industria de los activos digitales en Norteamérica. Aunque existe un impulso evidente hacia la formalización, la regulación de criptomonedas en EE. UU. carece de la coherencia necesaria para avanzar.
Desde los mercados de predicción hasta la custodia de activos por parte del Estado, los responsables políticos muestran una profunda división. De este modo, el mercado se encuentra atrapado entre la maduración institucional y una parálisis política preocupante. Según fuentes oficiales, esta falta de unidad debilita la confianza de los inversores actualmente.
Uno de los eventos más mediáticos involucra al representante Ritchie Torres, quien prepara una legislación restrictiva. Esta ley busca prohibir que los funcionarios federales participen en mercados de predicción con información privilegiada. Asimismo, el caso surge tras una apuesta lucrativa vinculada a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Por lo que, la transparencia de la tecnología de cadena de bloques está exponiendo debilidades en las reglas éticas públicas. Por ende, el Congreso debe enfrentar nuevos conflictos de interés de manera inmediata para evitar abusos.
Por otro lado, el Departamento de Justicia (DOJ) generó una fuerte polémica tras vender 57 Bitcoin incautados. Esta acción contradice una orden ejecutiva que exige transferir dichos activos a la Reserva Estratégica de Bitcoin.
No obstante, la venta se ejecutó a través de Coinbase Prime sin seguir los protocolos de custodia estratégica. Además, este incidente plantea dudas sobre la consistencia política de las agencias federales hoy. Por lo cual, la coordinación interna en Washington sobre activos digitales sigue siendo desigual y poco estratégica para la industria.
¿Logrará el sistema político estadounidense superar sus divisiones antes de que el mercado se traslade a otras jurisdicciones?
La reforma de la estructura del mercado también enfrenta vientos en contra debido a las elecciones de mitad de periodo. Un análisis de TD Cowen advierte que los comicios de 2026 podrían retrasar cualquier marco unificado hasta 2027.
Asimismo, el senador Tim Scott ha fijado el 15 de enero como fecha límite para avanzar en el proyecto. Sin embargo, la cautela partidista amenaza con estancar las negociaciones legislativas durante meses adicionales. De este modo, las criptomonedas vuelven a ser víctimas de la polarización política antes de las elecciones.
Mientras el gobierno federal se detiene, varios estados y actores privados avanzan con infraestructuras propias. Wyoming, por ejemplo, ya ha lanzado su propia moneda estable respaldada por el estado recientemente. Por otra parte, los banqueros comunitarios exigen cerrar lagunas legales en las recompensas de stablecoins.
Asimismo, la brecha entre la innovación financiera y la política federal se ensancha peligrosamente. Se espera que el mercado siga evolucionando rápidamente a pesar del estancamiento en Washington. Por lo cual, el costo de la demora legislativa podría afectar la competitividad nacional.
