La UE afronta un posible “regulatory own goal” por la superposición entre MiCA y PSD2, advirtió Patrick Hansen, ejecutivo de Circle. La doble autorización y los requisitos de capital para Electronic Money Tokens (EMT) pueden frenar servicios y afectar a usuarios y mercados antes de que exista una solución legislativa definitiva. Esto importa a empresas cripto, autoridades nacionales y clientes que usan EMTs para pagos digitales.
MiCA, aplicable desde junio de 2023 y plenamente efectiva desde diciembre de 2024, clasifica a los EMT como dinero electrónico, mientras que PSD2 regula servicios de pago tradicionales. Esa doble condición coloca a los EMT en un punto muerto regulatorio que complica su integración en el marco de pagos.
Los CASP que gestionan transferencias o custodia de EMTs pueden necesitar licencia de CASP bajo MiCA y autorización de entidad de pago bajo PSD2, con capital inicial y fondos propios acumulativos. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) considera “indeseable” imponer dos marcos sobre la misma actividad por los solapamientos, vacíos e inconsistencias que generan en la supervisión.
La EBA ha emitido una carta de no actuación y una opinión que ofrecen guía temporal y proponen ajustes legislativos a medio plazo. Recomienda no exigir de inmediato la doble licencia y “despriorizar” ciertas obligaciones hasta el 2 de marzo de 2026, manteniendo como prioritarias la SCA y los reportes de fraude. Confirma, no obstante, que los requisitos de capital de MiCA y PSD2 son acumulativos y no pueden computarse dos veces las mismas reservas.
Las claves de la superposición entre MiCA y PSD2,
“La UE corre el riesgo de un ‘regulatory own goal’ si no aclara la interacción entre MiCA y PSD2”, señaló Patrick Hansen, ejecutivo de Circle.
Los costes de cumplimiento y las mayores necesidades de capital pueden reducir la liquidez y la inversión en nuevos productos, limitando la oferta de servicios regulados. Existe riesgo de fragmentación regulatoria si los Estados miembros interpretan de forma distinta el solapamiento, lo que afectaría la competencia y la protección al usuario.
Surgen incentivos a modelos de autocustodia ante la carga regulatoria, con el consiguiente desplazamiento de actividad fuera de proveedores supervisados. La responsabilidad de los CASP por pérdidas de usuarios persiste incluso cuando ciertas obligaciones están temporalmente “despriorizadas”.
El calendario clave es la transición hasta el 2 de marzo de 2026 y las negociaciones de PSD3/PSR; la resolución de estas piezas legislativas definirá si la UE corrige el choque MiCA–PSD2 o mantiene barreras que condicionen la adopción de servicios basados en EMTs.
