Rusia ha presentado un proyecto de ley para que las criptomonedas compradas durante el matrimonio se traten como bienes gananciales. La iniciativa, impulsada por el diputado Igor Antropenko, busca aportar seguridad jurÃdica al reparto de activos digitales en divorcios y ya fue enviada al primer ministro Mikhail Mishustin y a la presidenta del Banco Central, Elvira Nabiullina. La norma afecta a inversores, responsables de compliance y abogados de familia.
El borrador pretende modificar los artÃculos 34 y 36 del Código de Familia ruso para establecer que las criptomonedas adquiridas durante el matrimonio pasen a ser propiedad común. En cambio, las compradas antes de la boda o recibidas por donación o herencia seguirÃan siendo bienes privados, tal como señala la exposición de motivos.
La propuesta de Rusia llega en un contexto de alto volumen de mercado: entre julio de 2024 y junio de 2025 se registraron transferencias por 376 300 millones de dólares, cifra usada como argumento para actualizar el marco legal. Desde 2021, la Ley Federal n.º 259-FZ reconoce ciertos activos digitales como propiedad, pero no regula qué ocurre en un divorcio; el nuevo texto busca cubrir ese vacÃo. Además, Rusia ya grava las ganancias de cripto con un impuesto personal del 13-15 %, lo que evidencia la intención de integrar estos activos en la fiscalidad y el derecho patrimonial.
Contexto del mercado y desafÃos de implementación
Expertos advierten de problemas prácticos para aplicar la norma. Andrey Tugarin, fundador de GMT Legal, la califica de «inefectual» si no se acompaña de mecanismos para identificar y seguir los activos digitales, y estima que harán falta hasta diez normas adicionales. A su juicio, la ausencia de un estatus oficial para los participantes del mercado y la falta de obligaciones de intercambio de datos dejan puertas abiertas para ocultar cripto.
Persisten obstáculos operativos en la valoración, trazabilidad y cooperación institucional, como fijar precios en momentos de alta volatilidad, rastrear carteras y exchanges que no colaboran, y establecer protocolos para que jueces y entidades compartan información.
Aunque surgen algunas dudas sobre su alcance legal, ya que con esta propuesta las criptomonedas compradas durante el matrimonio se consideran bienes gananciales. Por lo tanto, se necesitan nuevas normas que permitan trazabilidad y registro.
El proyecto está en manos del Gobierno y del Banco Central, y no se espera que los desarrollos regulatorios necesarios estén listos antes de 2027. Mientras tanto, responsables de producto, equipos de compliance y bufetes de familia deben revisar polÃticas de custodia, auditar wallets y ajustar protocolos KYC/AML para prepararse ante futuros requisitos de identificación y reparto judicial.
