En noviembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó una ley que puso fin al shutdown del gobierno de 43 días, reabriendo agencias federales y garantizando el pago retroactivo a cientos de miles de empleados públicos. El episodio tiene efectos inmediatos sobre la prestación de servicios, la recopilación de datos económicos y la confianza de mercados e inversores, marcando un punto de inflexión tras semanas de interrupciones operativas y tensiones políticas.
El acuerdo que terminó el cierre no supuso unanimidad política: el presidente atribuyó el daño a los demócratas y figuras legislativas de ambos bandos criticaron la táctica. El paquete reabrió agencias y programó el pago de salarios atrasados, pero dejó cuestiones no resueltas, como la extensión de los créditos fiscales del Affordable Care Act (ACA), que seguían sin acuerdo y podrían provocar nuevas tensiones a finales de enero, de acuerdo con líderes demócratas.
El coste económico ya cuantificado es relevante para gestores y equipos de producto: el director del Consejo Económico Nacional estimó una pérdida de alrededor de $15.000 millones por semana. Analistas académicos calcularon una productividad perdida adicional entre $7.000 millones y $14.000 millones, y se estimaron 60.000 empleos no federales afectados, subrayando el alcance macro y laboral de la paralización.
Las interrupciones operativas incluyeron demoras y cancelaciones de vuelos por falta de controladores aéreos y riesgos en la distribución de prestaciones como SNAP, una situación que afectó a millones de personas vulnerables. Estas disrupciones evidencian la fragilidad de servicios críticos ante prolongadas suspensiones presupuestarias.
El costo político y económico del shutdown
Legislativamente, la ley contenía “riders” polémicos: entre ellos, la reversión de una norma vinculada a la legalización del cáñamo derivado del cannabis y una disposición que permitiría a senadores demandar por supuestas violaciones de privacidad en investigaciones federales. Estas adiciones complejizan el panorama regulatorio y generan incertidumbre sobre la estabilidad normativa en sectores con alta exposición a cambios legales.
“Los cierres de gobierno nunca logran el objetivo y solo elevan los costes”, declaró el presidente del comité de asignaciones de la Cámara, subrayando el coste político y económico del bloqueo. Nota técnica: Los “créditos fiscales del ACA” son mecanismos que reducen el coste de las primas de seguro médico para beneficiarios que cumplen requisitos de ingresos.
El cierre y su resolución tienen implicaciones prácticas para inversores institucionales, compliance y equipos de producto, tanto en la lectura de datos macro como en la gestión de riesgo operativo y regulatorio, con posibles efectos en flujos y liquidez a corto plazo.
El próximo hito es la negociación sobre los créditos del ACA a finales de enero, que podría reactivar el enfrentamiento legislativo y obligar a nuevos ajustes en planes de cumplimiento y gestión de riesgo para inversores institucionales.
