Un acuerdo bipartidista de gasto en el Senado de EE.UU. marcó el posible fin de una prolongada paralización del gobierno federal. El pacto combinaría una resolución temporal con proyectos de financiamiento anual, aunque varios elementos esenciales aún siguen sin cerrarse.
Los legisladores han llegado a un punto determinante: el Senado está listo para votar el domingo por la noche para avanzar un acuerdo de financiación que podría poner en marcha el reinicio de amplias funciones gubernamentales esta misma semana. El pacto en cuestión fusiona una resolución de continuidad (CR) que mantendría el funcionamiento del gobierno hasta enero con tres leyes de gastos anuales que abarcan la construcción militar y asuntos de veteranos, el Poder Legislativo y el Departamento de Agricultura.
Por un lado, el avance representa un raro momento de cooperación en un Congreso profundamente dividido. Un pequeño pero clave grupo de senadores —incluyendo varios demócratas— rompió con la dirección de su partido para respaldar la medida, citando la urgencia de restaurar servicios, proteger a los trabajadores federales y financiar programas críticos como el de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Aducen que un nuevo retraso causaría mayores daños económicos y sociales.
Por otro lado, persiste una fuerte oposición. Muchos demócratas se resisten a avanzar sin garantías vinculantes sobre los subsidios de salud que expiran bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Argumentan que la financiación debe ir acompañada de protecciones concretas para el acceso a la salud, y no quedarse en promesas futuras. Algunos republicanos a su vez se niegan a comprometerse con extensiones de subsidios mientras el gasto siga sin aprobarse. Por ello, aunque el acuerdo esté “en ruta”, sigue siendo frágil e incompleto.
Impulso bipartidista frente a división partidista mientras corre el reloj
El texto del acuerdo refleja estas tensiones. Incluye disposiciones para revertir despidos masivos de empleados federales durante la paralización; confirma la financiación de SNAP para más de 40 millones de beneficiarios; y compromete una votación en diciembre sobre los créditos fiscales de la ACA. Sin embargo, deja abiertas preguntas sobre si la Cámara de Representantes actuará a tiempo o si el Presidente firmará las enmiendas que podrían requerirse.
Para los empleados federales, contratistas y ciudadanos que dependen de programas federales, el riesgo es elevado: no aprobar el paquete puede prolongar la paralización aún después de la votación. Para mercados e inversores, la incertidumbre persiste: aunque la votación procedural puede mitigar parte del riesgo inmediato, no hay aún una resolución definitiva.
En resumen: el acuerdo de financiación parece encaminado a cruzar un umbral clave el domingo por la noche, pero quedan capítulos importantes por definirse.
