El Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida dictaminó recientemente restablecer una acción legal masiva relacionada con el robo de criptoactivos en 2022. Esta decisión judicial revive la demanda contra Binance presentada por el inversor Michael Osterer, quien busca recuperar fondos sustraídos valorados en millones. El tribunal determinó que la infraestructura tecnológica utilizada conecta legalmente a la plataforma con la jurisdicción estatal.
El litigio se origina en un incidente crítico donde el demandante reportó la sustracción de aproximadamente 1.000 Bitcoin de su billetera personal y privada. Según los alegatos presentados, los hackers transfirieron estos fondos a una cuenta del exchange donde fueron convertidos y retirados antes de cualquier intervención. Osterer sostiene que la plataforma actuó con negligencia al no congelar los activos rápidamente, incumpliendo sus deberes contractuales de seguridad básica.
Inicialmente, un tribunal inferior desestimó el caso argumentando falta de jurisdicción personal sobre la entidad debido a su naturaleza operativa offshore y global. Sin embargo, el fallo de apelación establece un precedente crucial al dictaminar que el uso de servidores en EE. UU. crea un vínculo legal. Esta reversión impide que las compañías evadan responsabilidades escudándose en su ubicación geográfica fuera del territorio estadounidense cuando utilizan infraestructura local.
La resolución judicial aumenta significativamente la presión sobre los intercambios de criptomonedas que operan globalmente pero dependen de tecnología como Amazon Web Services. Además, este escenario podría abrir la puerta a nuevas demandas estatales de víctimas que anteriormente se veían bloqueadas por barreras jurisdiccionales. Por ende, el sector debe reforzar sus protocolos de cumplimiento y respuesta ante robos para evitar litigios costosos en suelo norteamericano.
¿Cómo afectará la presión legal continua a la estabilidad operativa?
Mosaic Asset Company y otros analistas observan de cerca cómo la justicia interpreta los lazos operativos de las empresas cripto con Estados Unidos. De este modo, si la plataforma no logra desviar el caso hacia el arbitraje, podría enfrentar un juicio público con implicaciones financieras severas. La capacidad de los tribunales estatales para juzgar a gigantes offshore cambia dinámicamente el panorama de riesgo para los inversores institucionales.
El caso regresará al tribunal de primera instancia, donde Osterer podrá argumentar sus reclamos de negligencia bajo la ley estatal de Florida nuevamente. Mientras tanto, la plataforma enfrenta un escrutinio legal sostenido en EE. UU., sumándose a demandas federales recientes relacionadas con financiamiento ilícito y terrorismo. Se espera que la defensa legal intente llevar la disputa a arbitraje privado para mitigar el impacto mediático y financiero.
