La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha publicado propuestas clave como parte de su estrategia integral para impulsar la cultura financiera nacional, solicitando la colaboración directa del sector. Este organismo regulador busca recibir comentarios detallados sobre las reformas de inversión planteadas, las cuales incluyen expandir el acceso al consumidor y modificar las reglas actuales sobre la categorización de clientes y conflictos de interés.
En los documentos de consulta y discusión publicados este lunes, el regulador señaló que gran parte del bajo rendimiento en aplicaciones de «alta participación digital» se atribuye al comercio de criptoactivos. Por ende, la entidad propone nuevas directrices donde un historial personal de inversión en productos de alto riesgo no sea automáticamente un indicador de capacidad profesional. Las empresas vinculadas a activos digitales deben enviar sus comentarios sobre estas propuestas específicas entre los meses de febrero y marzo de 2026.
Por otra parte, estas modificaciones pretenden simplificar las directrices existentes de la FCA, eliminando pruebas arbitrarias para otorgar a las compañías una mayor responsabilidad operativa y ética. El objetivo central es perfeccionar la evaluación de riesgos, asegurando que solo aquellos clientes con capacidad comprobada para soportar pérdidas financieras sean clasificados formalmente como profesionales. Esta estrategia busca mitigar los peligros potenciales para los consumidores que utilizan «proxies de criptoactivos» sin los límites de inversión o las advertencias adecuadas.
¿Logrará la nueva normativa eliminar las barreras arbitrarias sin aumentar el riesgo sistémico?
Asimismo, el Reino Unido se ha consolidado progresivamente como un centro neurálgico para las empresas de criptomonedas que buscan operar fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos. La claridad regulatoria es un factor determinante para el crecimiento, especialmente considerando los contrastes en la política de aplicación estadounidense bajo diferentes administraciones presidenciales. Un marco legal robusto podría incentivar la llegada de más capital y talento al ecosistema británico, diferenciándose por su enfoque proactivo y consultivo hacia la industria.
Adicionalmente, el gobierno británico aprobó en diciembre una ley histórica que trata los activos digitales como propiedad personal, mejorando sustancialmente la seguridad jurídica para criptomonedas como Bitcoin. Esta medida facilita procesos legales complejos, tales como la recuperación de bienes robados o la resolución de casos de insolvencia, proporcionando una base sólida para el mercado. No obstante, se reporta que el gobierno considera prohibir las donaciones de criptomonedas a partidos políticos, mostrando una postura vigilante ante el crecimiento del sector.
El camino hacia una regulación integral avanza con paso firme y constante, buscando integrar los activos digitales de manera segura en la economía nacional del Reino Unido. Se espera que estas consultas públicas definan el futuro operativo de muchas firmas, estableciendo estándares de cumplimiento que podrían replicarse en otras jurisdicciones. La participación activa de la industria será fundamental para moldear un entorno que fomente la innovación tecnológica sin sacrificar la protección necesaria del inversor minorista.
