El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, firmó la Ley 163 el martes 19 de mayo de 2026, estableciendo un marco legal restrictivo para las monedas digitales de bancos centrales y favorable para los activos digitales. La legislación prohíbe explícitamente a las agencias estatales participar en pruebas piloto de la Reserva Federal.
La normativa recibió un respaldo legislativo casi unánime antes de su ratificación por el poder ejecutivo. El Senado estatal aprobó la medida con una votación de 38 a favor y 1 en contra, mientras que la Cámara de Representantes registró 110 votos positivos frente a solo 1 negativo.
Entre las principales disposiciones, la normativa de Carolina del Sur veta la aceptación o el requerimiento de pagos mediante monedas digitales de bancos centrales, conocidas como CBDC. Ninguna subdivisión política del estado podrá involucrarse en programas de dinero digital emitidos por agencias gubernamentales federales.
El texto legal también garantiza el derecho a la autocustodia de activos para los ciudadanos de la jurisdicción. Los gobiernos locales no podrán imponer restricciones al uso de billeteras de hardware ni a monederos autoalojados, impidiendo cualquier intento de fiscalización excesiva sobre el almacenamiento privado de claves.
Asimismo, la norma prohíbe de forma taxativa la aplicación de impuestos complementarios o tasas discriminatorias sobre las transacciones ejecutadas con activos virtuales. Las transferencias de criptomonedas deberán recibir el mismo tratamiento impositivo que los pagos tradicionales realizados con dólares estadounidenses dentro de todo el territorio estatal.
Protección legal a la minería de activos digitales
Los operadores de infraestructura tecnológica reciben garantías específicas bajo este nuevo ordenamiento jurídico estatal. Las autoridades municipales no podrán modificar la zonificación de los centros de datos industriales dedicados a la extracción de bloques sin cumplir estrictos procesos de notificación pública y permitir apelaciones legales ante los tribunales competentes.
Del mismo modo, se prohíbe establecer límites de ruido específicos para las empresas mineras que excedan las regulaciones generales de contaminación acústica vigentes. Esta medida busca evitar que los ayuntamientos utilicen criterios ambientales arbitrarios para forzar el cierre de instalaciones operativas en áreas industriales permitidas.
Por otra parte, la legislación exime a la minería, el desarrollo de software de cadena de bloques y la validación de nodos de las licencias de transmisión de dinero. Esta exención alivia significativamente las cargas regulatorias para los emprendedores tecnológicos que decidan establecer operaciones en la región.
Adicionalmente, las empresas que ofrecen minería como servicio o servicios de participación delegada quedan excluidas de la clasificación como valores financieros. Este cambio de estatus legal proporciona una mayor certidumbre jurídica al mercado, resguardando la sostenibilidad económica y los ingresos de los mineros locales frente a disputas administrativas complejas.
Expansión de normativas estatales en territorio estadounidense
Con esta firma, la región se suma a una tendencia regulatoria descentralizada observada en múltiples jurisdicciones del país. Un precedente directo ocurrió cuando se aprobó la ley de derechos de Kentucky en marzo de 2025, la cual blindó las operaciones mineras contra regulaciones locales consideradas desproporcionadas por el sector.
Otros estados como Oklahoma, Arkansas, Florida, Misisipi, Montana, Dakota del Norte, Luisiana y Arizona implementaron estatutos similares en periodos recientes. El avance de estas leyes coincide con un periodo de alta volatilidad donde el precio de la criptomoneda principal ha registrado máximos históricos debido al incremento constante de flujos de capital institucional.
El marco regulatorio estadounidense continúa fragmentándose entre las directrices restrictivas de las agencias federales y las leyes de protección emitidas por los congresos locales. Los defensores del sector sostienen que estas normativas estatales ofrecen un refugio operativo frente a la incertidumbre legal que predomina a nivel nacional.
Las empresas del sector deberán adecuar sus políticas operativas a las condiciones específicas de cada estado durante los próximos meses. El impacto final de la Ley 163 dependerá de cómo las cortes locales resuelvan las futuras disputas sobre el uso del suelo y el consumo energético industrial.
Los legisladores de Carolina del Sur indicaron que la supervisión de las redes eléctricas locales se mantendrá bajo los parámetros técnicos normales sin modificaciones imprevistas. La evolución de la demanda eléctrica por parte de estos centros informáticos será evaluada formalmente en el próximo balance energético estatal programado para enero de 2027.
El texto final de la normativa ya se encuentra disponible en los registros oficiales del congreso estatal para su consulta pública general. Los operadores interesados en expandir sus actividades en la región deberán iniciar los trámites de registro industrial correspondientes antes del cierre del presente año fiscal.
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero.
