La tokenización institucional tiene un problema de escalabilidad que la tecnología por sí sola no puede resolver
Los bancos globales y gestores de activos ya emiten bonos, fondos monetarios y acciones sobre registros distribuidos sin fallos técnicos. Sin embargo, el capital institucional desplegado en estos instrumentos sigue representando una fracción marginal de los mercados financieros mundiales. La barrera actual no reside en la capacidad de procesamiento, sino en la fragmentación legal, operativa y de liquidez entre plataformas aisladas.
Durante los últimos años, la industria financiera asumió que reemplazar las bases de datos heredadas por contratos inteligentes automatizaría la liquidación y reduciría costos de inmediato. Esta premisa ignora que los mercados de capitales funcionan mediante convenciones compartidas de custodia y reconocimiento jurídico.
Sin estándares operativos y regulatorios comunes, trasladar un activo tradicional a una cadena de bloques simplemente digitaliza los mismos silos institucionales que ya existen en la banca corresponsal. La eficiencia del código no compensa la ausencia de reglas uniformes entre jurisdicciones.
La evidencia empírica respalda esta brecha entre capacidad tecnológica y adopción profunda. Según los informes de seguimiento publicados por el Fondo Monetario Internacional, los activos del mundo real tokenizados superan apenas unas decenas de miles de millones de dólares, frente a un mercado global de renta fija que rebasa los ciento treinta billones.
La mayor parte de ese volumen se concentra en bonos del Tesoro estadounidense tokenizados que operan dentro de circuitos cerrados. Estos instrumentos presentan una liquidez secundaria limitada porque no pueden circular libremente fuera de las redes autorizadas por cada emisor.
El problema central radica en la falta de interoperabilidad real entre las redes privadas que construyen las grandes entidades financieras. Cuando cada banco lanza su propia infraestructura permisionada con reglas de acceso incompatibles, se crean islas de liquidez incapaces de comunicarse entre sí.
Como ya se analizó respecto al avance de la tokenización institucional, las entidades financieras priorizan el control de cumplimiento normativo sobre la apertura de las redes públicas. Esta preferencia refuerza los muros operativos entre instituciones competidoras.
Para comprender por qué la superioridad técnica no garantiza la integración de los mercados, resulta útil observar la desmaterialización de valores en las décadas de 1970 y 1980. En Estados Unidos, la crisis del papeleo en Wall Street no se resolvió únicamente comprando computadoras más rápidas.
La solución requirió la creación institucional de la Depository Trust Company y la estandarización legal de la propiedad fiduciaria. Solo mediante ese consenso jurídico fue posible centralizar la compensación y eliminar el movimiento físico de certificados.
Silos de liquidez y asimetría normativa transfronteriza
Hoy ocurre exactamente lo contrario en el ecosistema de activos digitales regulados. Las jurisdicciones avanzan a velocidades distintas y bajo criterios jurídicos divergentes sobre qué constituye la finalidad de la liquidación o la tenencia directa de un token.
Un informe técnico publicado por la Organización Internacional de Comisiones de Valores advierte que las diferencias en el tratamiento de la custodia y los derechos de propiedad entre países generan fricciones legales severas. Estas asimetrías impiden la negociación transfronteriza fluida de valores tokenizados.
A esta fragmentación legal se suma la ausencia de una pata de efectivo programable universalmente aceptada para liquidar las operaciones. Mientras los activos financieros migran hacia registros distribuidos, el dinero bancario que paga por ellos permanece atrapado en sistemas de pago tradicionales con horarios restringidos.
Sin una sincronización atómica entre el activo y el efectivo en moneda de banco central o depósitos tokenizados interoperables, la promesa de liquidación instantánea queda reducida a pruebas piloto controladas. La velocidad de la red pierde relevancia si la transferencia de fondos tarda días en conciliarse.
Existe, no obstante, una postura contraria defendida por arquitectos de infraestructura financiera y consorcios tecnológicos. Argumentan que la fragmentación actual es una fase transitoria natural en cualquier ciclo de innovación institucional, similar a los inicios de las telecomunicaciones.
Sostienen que los protocolos de mensajería entre cadenas y los puentes de interoperabilidad resolverán la conexión entre libros mayores privados sin necesidad de unificar las plataformas subyacentes. Este enfoque confía en que el software absorberá las diferencias operativas.
Este argumento tiene mérito técnico, ya que los estándares de comunicación entre redes han madurado considerablemente en los últimos veinticuatro meses. Sin embargo, la tesis sobre los límites estructurales de la tecnología solo quedaría invalidada si los reguladores de las principales plazas financieras aprobaran un marco de reconocimiento mutuo automático, o si la negociación secundaria interoperable superara el billón de dólares anuales antes de finalizar la década.
El costo oculto de replicar la arquitectura tradicional
Mientras esa convergencia no se materialice, las entidades financieras enfrentan una paradoja operativa evidente. Mantener simultáneamente los libros contables tradicionales y las nuevas redes distribuidas duplica los costos de conciliación, auditoría y gestión de capital en lugar de reducirlos.
Esta dinámica explica por qué la carrera por la tokenización se ha convertido en una disputa estratégica por controlar los nuevos estándares de distribución financiera. Cada actor intenta imponer su propia infraestructura antes de ceder terreno ante un estándar abierto.
La documentación publicada por la Autoridad Europea de Valores y Mercados sobre el régimen piloto para infraestructuras de mercado basadas en registros distribuidos ilustra estas restricciones en la práctica. A pesar de contar con un marco legal específico desde 2023, el número de autorizaciones concedidas y el volumen negociado han sido modestos.
Los estrictos límites de capitalización y la complejidad de conectar estas plataformas con las cámaras de compensación existentes frenan su expansión comercial. La normativa actual protege la estabilidad sistémica, pero restringe la escala operativa necesaria para atraer liquidez institucional profunda.
Superar este estancamiento exige un consenso institucional que ningún algoritmo puede programar por sí solo. Los bancos centrales, los depositarios centrales de valores y los supervisores bursátiles deben acordar reglas uniformes sobre gobernanza, responsabilidad ante fallos operativos y estándares de identidad digital.
La gobernanza compartida entre actores financieros resulta mucho más difícil de construir que cualquier arquitectura de software. Obliga a los intermediarios establecidos a ceder control sobre sus flujos de ingresos tradicionales y a compartir infraestructura con competidores directos.
El desenlace de esta transición dependerá de si la industria prioriza la cooperación sobre la captura de mercados cautivos. Si durante los próximos seis trimestres los principales bancos custodios y cámaras de compensación adoptan un estándar único de liquidación cruzada respaldado por dinero de banco central tokenizado, el volumen de emisiones escalará hacia los mercados secundarios masivos.
Por el contrario, si persisten las redes propietarias aisladas y la divergencia regulatoria entre Estados Unidos, Europa y Asia, la tokenización institucional quedará confinada a nichos internos de gestión de colateral intradía. Sin coordinación institucional, la tecnología blockchain seguirá siendo una mejora marginal dentro de una arquitectura financiera fragmentada.
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero.
