El Banco Central Europeo ha establecido 2029 como plazo para la implementación del euro digital, su versión de moneda digital de banco central (CBDC). Durante los próximos años, la institución continuará desarrollando aspectos técnicos, seleccionando proveedores y completando el marco normativo necesario, lo que obligará a usuarios, entidades bancarias y compañías de pago de la eurozona a adaptarse a las nuevas condiciones.
El proyecto inició formalmente el 1 de noviembre de 2023 con una fase preparatoria de dos años. Los informes de progreso de 2024 han detallado avances en privacidad, funcionalidad sin conexión y el establecimiento de un límite de 3.000 euros por persona, cantidad diseñada específicamente para evitar que los ciudadanos retiren masivamente sus fondos de las cuentas bancarias tradicionales.
En el aspecto técnico, el BCE ha contratado empresas especializadas como Sapient GmbH, Tremend Software Consulting y equensWorldline para desarrollar elementos clave, entre ellos la búsqueda por alias, considerada fundamental para la facilidad de uso. Paralelamente, se ha creado una plataforma de innovación con aproximadamente 70 actores del mercado que simulan el ecosistema y prueban la integración con entidades privadas.
Calendario e implicaciones para el euro digital
La fecha objetivo de 2029 responde tanto a exigencias legales como a la complejidad técnica del proyecto. El BCE anticipa que la legislación estará finalizada en junio de 2025, tras lo cual necesitará entre dos años y medio y tres años para programar, probar e implementar la infraestructura. Christine Lagarde ha calificado el euro digital como «una prioridad estratégica», instando a los legisladores a acelerar el proceso normativo.
El plan de implementación contempla un modelo híbrido donde bancos y proveedores de pago actuarán como principales canales de distribución, preservando así el papel intermediario de la banca comercial. Los límites de saldo y las garantías de privacidad buscan prevenir una migración masiva de depósitos hacia el banco central, mientras se cumplen requisitos como el Reglamento General de Protección de Datos y se implementan medidas contra usos ilícitos.
Entre los riesgos identificados destacan la posible desintermediación bancaria, desafíos en pagos sin conectividad, obligaciones legales relacionadas con la privacidad y el riesgo reputacional si la experiencia de usuario no cumple las expectativas. El siguiente hito significativo será la aprobación legal prevista para junio de 2025, que dará inicio al periodo de desarrollo y pruebas que culminará entre 2027 y 2029.
