El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), que enfrenta múltiples cargos penales por supuestamente robar fondos de clientes y cometer fraude electrónico, no puede confiar en la falta de regulaciones cripto claras en los EE.UU. para defenderse, según el Departamento. de Justicia (DOJ).
En una moción judicial presentada el 4 de octubre, el DOJ respondió a la solicitud de SBF de aclaración y reconsideración de los cargos relacionados con FTX, un intercambio de cifrado ahora en quiebra que operaba internacionalmente y en los EE. UU. a través de una entidad separada llamada FTX US.
El Departamento de Justicia Sigue Tomando Medidas Enérgicas Contra la Estrategia de Defensa de SBF
El abogado de SBF había argumentado que FTX no estaba ubicado en los Estados Unidos y, dado que SBF, de hecho, cumplió con sus responsabilidades regulatorias relacionadas con FTX.US, los cargos relacionados con FTX internacional no deberían aplicarse.
El DOJ desestimó este argumento por considerarlo irrelevante y afirmó que la existencia o ausencia de legislación no afecta si SBF se apropió indebidamente de fondos de sus clientes o les hizo declaraciones falsas. El DOJ también afirmó que existen leyes que prohíben dicha conducta, independientemente de si el negocio está relacionado con las criptomonedas o no.
El Departamento argumentó además que SBF cometió importantes tergiversaciones a sus clientes, como prometer altos rendimientos, tarifas bajas y custodia segura de los fondos, cuando en realidad utilizó los activos de los clientes para su propio beneficio y los expuso a altos riesgos.
SBF se encuentra actualmente en prisión por violar las condiciones de su libertad bajo fianza y tratar de influir en posibles testigos. Ha solicitado varias veces su libertad bajo fianza antes del juicio, alegando mala conexión a Internet y falta de comidas veganas en prisión, pero sus solicitudes han sido denegadas.
SBF pasó por su primer día de juicio con jurado el 3 de octubre, que podría durar hasta seis semanas. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a hasta 20 años de prisión y millones de dólares en multas.
El caso de SBF ha planteado dudas sobre la confiabilidad y responsabilidad de los cripto exchanges, especialmente aquellos que operan a través de fronteras y jurisdicciones. Algunos expertos han pedido más claridad y coherencia en las regulaciones cripto para proteger a los consumidores e inversores del fraude y el abuso, mientras que otros no están de acuerdo con la presión regulatoria.
