La propuesta de Donald Trump de realizar pagos directos de $2.000 financiados con ingresos arancelarios ha generado especulación en los mercados de criptomonedas. Este plan, presentado como un «dividendo» para los hogares estadounidenses, podría beneficiar aproximadamente al 60% de las familias del país (unos 77 millones). La experiencia previa con pagos directos durante la pandemia demostró un impacto medible en la actividad minorista dentro de los activos de riesgo, particularmente en el sector cripto.
Los datos históricos muestran un aumento del 3,8% en el volumen de negociación de Bitcoin tras los pagos de estímulo durante la pandemia. Existe incluso un caso emblemático en la comunidad cripto sobre un cheque de $1.200 que supuestamente habría generado un rendimiento cercano al 1.700%, alimentando expectativas entre los traders actuales. Esta correlación entre los pagos directos y el aumento de la actividad en mercados de alto riesgo es la base de la especulación actual.
Sin embargo, la viabilidad fiscal de la propuesta de Trump presenta importantes desafíos. Mientras que la recaudación arancelaria de agosto 2025 alcanzó niveles récord de aproximadamente $30.000 millones (un incremento del 242% respecto a periodos anteriores), el costo estimado de distribuir $2.000 al 60% de los hogares estadounidenses oscilaría entre $154.000 millones por una sola ronda y hasta $600.000 millones si se implementaran múltiples pagos.
Esta disparidad sugiere que los ingresos por aranceles serían insuficientes sin recurrir a mayor endeudamiento o recortes presupuestarios significativos.
Obstáculos de la propuesta de Trump y perspectivas
La implementación de estos pagos enfrenta obstáculos políticos y legales considerables. Cualquier iniciativa requeriría aprobación del Congreso, y propuestas similares como la «American Worker Rebate Act of 2025» del senador Josh Hawley han quedado estancadas. Adicionalmente, un caso pendiente ante el Tribunal Supremo podría limitar la autoridad ejecutiva para utilizar ingresos arancelarios como fuente discrecional de fondos.
En cuanto a las implicaciones para el mercado cripto, el efecto probable sería mayoritariamente temporal y especulativo, no sostenido. A corto plazo, la mera discusión política podría generar volatilidad y aumentar el apetito por riesgo entre inversores minoristas. Sin embargo, a mediano y largo plazo, tanto el tamaño insuficiente de los fondos como la incertidumbre legal limitan cualquier impacto persistente en adopción o liquidez del mercado.
El panorama macroeconómico actual, con tipos de interés elevados y presiones inflacionarias, reduce adicionalmente la propensión a buscar activos de riesgo, contrarrestando cualquier impulso puntual que pudiera derivarse de estos pagos. Los próximos desarrollos clave incluyen posibles decisiones del Congreso sobre mecanismos de pago y fallos judiciales que clarifiquen la autoridad arancelaria.
Sin estas resoluciones, la propuesta continuará siendo principalmente discurso político con capacidad de generar movimientos a corto plazo, pero no un catalizador confiable para un rally sostenido en el mercado de criptomonedas.
