El Gobierno de Canadá presentó el 28 de abril de 2026 una propuesta legislativa para implementar la prohibición de los cajeros automáticos de criptomonedas en todo el territorio nacional. La medida, detallada en la Actualización Económica de Primavera 2026, responde a una evaluación de seguridad nacional que identifica a estas máquinas como herramientas críticas para la ejecución de estafas y el procesamiento de capitales de origen ilícito. Según el documento oficial, el Estado busca mitigar los riesgos financieros para los ciudadanos mediante la eliminación de estos puntos de acceso físico.
Bajo los términos de esta iniciativa, las autoridades canadienses planean eliminar los quioscos independientes situados en centros comerciales y gasolineras de forma progresiva. El Departamento de Finanzas argumenta que, a diferencia de las empresas de servicios monetarios con sedes físicas establecidas, los cajeros automáticos operan con un nivel de supervisión técnica que facilita el anonimato relativo en las transacciones de efectivo a activos digitales. La propuesta no prohíbe la compra de criptoactivos, pero restringe los canales de adquisición a plataformas reguladas que operen bajo estándares de cumplimiento más estrictos.
La relación de este país con la infraestructura de autoservicio para activos virtuales es de larga data, ya que fue en territorio canadiense donde se instaló el primer cajero automático de Bitcoin del mundo en el año 2013. Este hito histórico marcó el inicio de una expansión global de la industria; sin embargo, la percepción gubernamental ha girado desde la innovación tecnológica hacia la preocupación por la seguridad pública. Los reguladores señalan que la facilidad de uso que inicialmente impulsó su adopción es ahora aprovechada por redes criminales para eludir los controles bancarios tradicionales.
Las investigaciones recientes del Centro de Análisis de Informes y Operaciones Financieras de Canadá (FINTRAC) sostienen que el uso de estos cajeros ha sido fundamental en el incremento de fraudes románticos y estafas de suplantación de identidad gubernamental. Los delincuentes suelen exigir a las víctimas que depositen billetes directamente en las máquinas, lo que resulta en una transferencia irreversible de valor hacia carteras digitales controladas por los perpetradores. Esta tendencia ha colocado a Canadá bajo un escrutinio especial, dado que el país concentra actualmente el 10.1% de los cajeros automáticos de criptomonedas del mundo.
En el ámbito regulatorio, la propuesta de prohibición se alinea con el nuevo marco federal para las stablecoins de Canadá, que busca poner orden en el sector de las monedas referenciadas a activos estables. Esta normativa exige que cualquier emisor de stablecoins registre sus operaciones ante el Banco de Canadá, mantenga reservas auditadas y garantice la redención inmediata de los fondos. El gobierno considera que limpiar el ecosistema de puntos de acceso de alto riesgo, como los cajeros, es un paso necesario antes de la plena implementación de estas reglas de supervisión financiera previstas para 2027.
La estabilidad operativa de las empresas que gestionan estas redes también ha sido objeto de revisión debido a conflictos en el sector privado. Por ejemplo, la empresa Bitcoin Depot enfrentó un laudo arbitral de 18.5 millones de dólares tras incidentes técnicos que afectaron la disponibilidad de sus servicios y generaron disputas legales significativas. Estos problemas de infraestructura han reforzado la postura de Ottawa sobre la falta de robustez institucional en el segmento de los quioscos de criptoactivos.
A los desafíos técnicos se suman las disputas por propiedad intelectual que afectan a los proveedores de software para estas máquinas. En este contexto, Athena Bitcoin ha enfrentado demandas federales relacionadas con el presunto robo de código fuente y el uso indebido de secretos comerciales para operar sus sistemas. Para el gobierno canadiense, esta inestabilidad jurídica y técnica entre los operadores subraya la necesidad de una intervención estatal para proteger la integridad del sistema financiero nacional.
Como parte de este endurecimiento general, el Parlamento también está tramitando el Proyecto de Ley C-25, cuyo objetivo es prohibir las donaciones en criptomonedas dentro de la política federal. Los legisladores argumentan que la falta de trazabilidad absoluta en ciertas operaciones con activos digitales representa una vulnerabilidad frente a la interferencia extranjera. Al combinar la eliminación de los cajeros con restricciones a la financiación política y nuevas reglas para stablecoins, Canadá se posiciona como una de las jurisdicciones con el enfoque regulatorio más restrictivo hacia los puntos de interacción física con criptoactivos en Norteamérica.
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero.
