Japón prepara un cambio regulatorio que reclasifica 105 criptoactivos como “productos financieros”, extiende las normas de abuso de mercado y propone una rebaja fiscal sobre las ganancias en criptomonedas; la iniciativa, impulsada por la Financial Services Agency (FSA), fue reportada a mediados de noviembre de 2025 y tiene hitos clave en junio de 2026. El anuncio afecta a inversores minoristas e institucionales, intercambios y entidades financieras que podrían distribuir activos digitales.
De acuerdo con los informes, la FSA propone incluir activos como Bitcoin y Ethereum bajo la Financial Instruments and Exchange Act (FIEA), lo que los sitúa en el mismo marco legal que acciones y bonos. Esa reclasificación implica la aplicación de reglas sobre divulgación obligatoria y conducta de mercado, con la extensión explícita de las prohibiciones de abuso de mercado —incluido el uso de información privilegiada— a operaciones relacionadas con listados, delistings o la situación financiera de intermediarios.
El paquete regulatorio incorpora un cambio fiscal notable: trasladar las ganancias de criptomonedas desde un tramo progresivo que llegaba hasta el 55% a un impuesto plano del 20%, equiparable al tratamiento de valores tradicionales. El esquema propuesto añade la posibilidad de compensar pérdidas (loss carry-forwards), una medida diseñada para alinear el tratamiento fiscal de cripto con el de otros instrumentos y facilitar la planificación tributaria de operadores y gestores.
Impacto esperado en mercado, productos y cumplimiento
La reclasificación como producto financiero podría desbloquear la aprobación de ETFs de Bitcoin y otros vehículos gestionados por instituciones tradicionales. El nuevo marco permitiría además que bancos y aseguradoras distribuyan cripto a través de sus filiales de valores, integrando canales de distribución tradicionales con activos digitales.
En materia de cumplimiento, la extensión de normas de abuso de mercado exige ajustes operativos: controles internos reforzados, mayores requisitos de divulgación por parte de emisores y mercados, y una ampliación de los procesos KYC/AML y de custodia para garantizar trazabilidad. Para los gestores institucionales, la reducción fiscal y la clarificación normativa pueden reducir costes de capital y fricciones legales, pero también incrementan las obligaciones de reporte y la supervisión regulatoria.
El informe señala cifras apuntaladas por la FSA que colocan a Japón con más de 12 millones de cuentas cripto y un potencial de cerca de $34.000 millones en activos latentes que podrían entrar en el mercado si el entorno fiscal y regulatorio se vuelve más atractivo.
La FSA tiene un punto de discusión en su General Council el 25 de junio y se espera que las medidas concreten su forma en el ejercicio fiscal 2026; para responsables de producto, compliance e inversores, el próximo hito útil es esa reunión del 25 de junio, que definirá el calendario de implementación y las obligaciones regulatorias específicas.
