El 20 de diciembre salieron a la luz informes de que Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, había firmado documentos que autorizaban su entrega a agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y su traslado a Estados Unidos para enfrentarse a cargos penales.
La semana pasada, SBF fue detenido en Bahamas. A pesar de ello, Estados Unidos estaba intentando extraditarlo.
El equipo jurídico de Sam Bankman-Fried había manifestado anteriormente su intención de impugnar la extradición, y esa postura no ha cambiado. Supongo que han llegado a la conclusión de rechazar tal idea.
Doan Cleare, que actúa como comisario de correcciones en Bahamas, declaró que el fundador de la empresa firmó los documentos de entrega el 20 de diciembre.
Añadió que estaba previsto que firmara otra serie de papeles el 21 de diciembre renunciando a sus derechos a luchar contra la extradición, lo que podría dar lugar a que se le embarcara en un vuelo a Estados Unidos ese mismo día.
Tras la firma del documento final, se espera que Sam Bankman-Fried sea detenido por agentes del FBI y trasladado a un aeropuerto privado antes de ser trasladado a Estados Unidos.
Una vez allí, será acusado de ocho cargos distintos por el fiscal del distrito sur de Nueva York.
La Nueva Dirección de FTX Encuentra 1.000 Millones de Dólares en Activos
El nuevo equipo directivo de FTX ha descubierto activos por valor de mil millones de dólares, incluidos 720 millones de dólares en efectivo. Según los informes, el nuevo equipo pretende acceder a millones de dólares almacenados en cientos de cuentas bancarias diferentes.
La noticia se dio a conocer en una vista procesal a principios de esta semana, y se produjo después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera su visto bueno a la retención de los pagos. Además, alrededor de otros 500 millones de dólares ya están retenidos en instituciones financieras de Estados Unidos.
Según los documentos que se enviaron a los acreedores esta semana, la plataforma del exchange de criptomonedas está ahora en proceso de intentar remediar los problemas financieros que se han puesto en su conocimiento.
Si se le declara culpable de todos los cargos, la persona que se enfrente a estas acusaciones se enfrenta a una pena máxima posible de 115 años de prisión.
